Brumadinho, 6 meses después: entre el barro, la lucha resiste

Con la experiencia acumulada en el trato con la empresa Vale en el crimen de Mariana, Minas Gerais, que ocurrió en 2015, los afectados identifican las estrategias de la empresa para negar reparaciones, y a través de la fuerza colectiva conquistan derechos luego del nuevo crimen en Brumadinho. 

 Foto: Lucas Hallel

El 25 de enero de este año, Brasil vio asustado las imágenes de la ruptura del dique de la mina Córrego do Feijão, que generó una gigantesca ola de barro expandiéndose donde antes había verde, un río y más de doscientas personas. De inmediato, la reacción a las noticias que llegaban desde Brumadinho, también en Minas Gerais, generaron conmoción pública, y se convirtieron en preguntas: ¿De nuevo?, ¿Y ahora? Era evidente la indignación por la falta de responsabilidad de una empresa que colocó el lucro antes que una ciudad entera, antes que una cuenca hidrográfica, y antes que vidas humanas. Para los afectados por represas de otras regiones del país, y para personas que viven cerca de diques, Brumadinho encendió una alarma: ¿Nosotros estamos seguros? 

Seis meses después, el municipio de Brumadinho todavía convive con el dolor y el sufrimiento. Pero también con un intenso proceso de lucha por reparación, derechos y justicia. Por ser la segunda ruptura de una presa de la empresa Vale en un corto espacio de tiempo -en Mariana, el crimen va a completar cuatro años- el espacio de negociación en Brumadinho trajo a los actores involucrados niveles más avanzados sobre el asunto: en especial para los afectados. Con la experiencia acumulada en el trato con la minera en Mariana, fue posible identificar con mayor claridad las trampas de la empresa, que tentó actuar de forma depredadora también en Brumadinho. 

“Desde un primer momento, la Vale intenta controlar el territorio, controlar a los afectados, a las instituciones y el ritmo de las reparaciones. Quiere decidir a quién reparar y a quién no, la forma de reparación, y siempre intentando individualizar, aislar, sin responsabilizarse por la reconstrucción de la vida de los afectados”, afirma Pablo Dias, de la coordinación nacional del Movimiento de Afectados por Represas (MAB).

Foto: Joka Madruga.

Desarmando trampas

Para el coordinador del movimiento, que actúa en Minas Gerais, haber conseguido garantizar la participación directa de los afectados en el proceso de negociación -principalmente en las audiencias judiciales- fue esencial para que la Vale no consiga desarrollar su estrategia y someter al conjunto de las instituciones a actuar con demora y negligencia, como hizo en el crimen del Río Doce. 

Enseguida que la presa rompió, la empresa intentó colocar profesionales seleccionados por ella misma para dar atención médica y psicológica, lo que fue rechazado por el conjunto de los afectados. Finalmente, la Vale puso los recursos financieros, pero los profesionales fueron independientes, y ocurrieron jornadas de trabajo colectivo con médicos del Sistema Único de Salud (SUS) que llegaron a la región. 

El alejamiento de la Vale de los trabajos esenciales para la reparación también ocurrió en otros puntos importantes, como el registro de los afectados. En Brumadinho no fue la empresa la que determinó quién fue y quién no fue afectado por el crimen. En este sentido, el hecho de no haber sido creada una Fundación de gestión como la Renova en Mariana, fue central para desmontar la estrategia de blindar a la empresa y postergar la responsabilidad sobre los derechos de los afectados. Garantizar Asesorías Técnicas es considerado también por el MAB un importante avance, ya que ahora es posible obtener informaciones más completas y tener estudios detallados de los impactos sin la interferencia de la empresa en el proceso.  

Además de la destrucción ambiental y de las pérdidas humanas, la Vale desestructuró toda la economía local. Por eso, la justicia entendió la necesidad de generar un acuerdo sobre el auxilio financiero de emergencia, que es de un salario mínimo  durante un año por adulto, medio para adolescentes de 12 a 17 años, y un cuarto para niños. Tienen derecho al auxilio todos los habitantes de Brumadinho, además de los habitantes de un radio de un kilómetro de las márgenes del Río Paraopeba, hasta la ciudad de Pompeu, en la represa de Retiro Baixo. El pago del auxilio en estos términos representa una conquista, y amplía el concepto de afectado, ya que no son considerados apenas los que están en la “zona caliente” próximos a la presa, sino todos los que son verdaderos afectados, tras sufrir impactos directos e indirectos del crimen. También fue aprobado un acuerdo judicial con el Ministerio Público del Trabajo sobre las indemnizaciones de los trabajadores que murieron. 

A pesar de este escenario, que incluye pasos más concretos para la reparación, la Vale continúa actuando para acelerar indemnizaciones individuales y cerrar acuerdos que pasen lejos de la definición colectiva de parámetros. “Cuanto más desesperados y endeudados van quedando los afectados con el paso del tiempo, más fácil es para la empresa asediarlos”, explica Dias.

El MAB después de Brumadinho

Luego del crimen, las primeras acciones del Movimiento de Afectados por Represas en la región fueron de interlocución y atención humanitaria a los afectados. “Nuestro esfuerzo es para intentar garantizar que las familias tengan una condición un poco mejor frente a una situación tan devastadora en sus vidas”, dice el coordinador. Así, cerca de 60 militantes del MAB, de diferentes regiones del país, estuvieron presentes en brigadas de solidaridad que llegaron rápidamente a la zona luego de la ruptura del dique. 

Los primeros trabajos fueron para asegurar cuestiones emergenciales con relación a las viviendas, alimentación y calidad en las informaciones que llegaban de los Bomberos y la Defensa Civil. El MAB también recibía las demandas de las familias para comunicarlas a las instituciones y acompañar el proceso de resolución de las mismas. Para luchar por sus derechos, los afectados se organizaron en comisiones, con personas de referencia de cada comunidad, lo que potenció la participación en la conquista de los primeros ítems de reparación. “Por más que estuviesen muy tristes, era importante que los afectados participaran de los procesos de negociación, para evitar que se construyera un acuerdo por encima de ellos”, apunta Dias. 

Durante estos seis meses, cada quince días se organizan audiencias sobre el tema con la presencia de representantes de Vale y del Ministerio Público. A pesar de no tener la posibilidad de hablar en este espacio, los afectados -por medio de las comisiones- acompañan todo lo que se debate en el Tribunal de Justicia de Minas Gerais (TJMG) y llevan las informaciones a las comunidades. Siempre que hay audiencia hay movilización, con actos que llegan a juntar cerca de 300 afectados y afectadas en la puerta del TJMG. Actualmente, el MAB actúa junto a las víctimas en 15 municipios a lo largo de la cuenca del Río Paraopeba.