Opinión | Derechos humanos sólo con lucha y organización

El 10 de diciembre es celebrado internacionalmente como el día de los derechos humanos porque en esa fecha del año 1945 fue proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La declaración es una norma que debería estar al alcance de todos los pueblos y naciones. La misma, estableció la protección universal de los derechos humanos, derechos que cualquier persona en cualquier lugar del mundo podría esperar y exigir simplemente por ser humano.

A pesar de su importancia, a más de 70 años de su proclamación, sabemos que esos derechos aún son irrespetados, ya sea por el Estado o ya sea por las empresas, por medio de situaciones de injusticia, abuso y discriminación.  

La pandemia levantó el velo de la profunda crisis ambiental, de la desigualdad social y de la discriminación racial y de género. Crecemos en hambre, desigualdad, destrucción y no somos capaces de asegurar el derecho a la vida y a la salud.

Esa forma de hacer efectivos los derechos de las personas a la salud, a la alimentación, al agua y a la energía a través de los “mercados”, con privatización de todo lo que es importante para vivir, se demostró fallida y condenada al fracaso, pero extremadamente lucrativa para empresas transnacionales. Cada vez más las cadenas alimenticias están concentradas en manos de pocos, los bienes y servicios están privatizados y estallan los conflictos socioambientales.

En Brasil este año 2020 no fue diferente. La vida y las condiciones de vida del pueblo brasileño fueron afectadas por las políticas criminales del gobierno federal en la gestión de salud y de economía.

La retirada de derechos – laborales y de seguridad social; el desmonte de las políticas públicas como el PAA (Programa de Adquisición de Alimentos), el SUS (Sistema Único de Salud) y el Bolsa família (programa de transferencia directa de ingresos para las familias de bajos recursos); la paralización de la reforma agraria y la no aprobación de los derechos de los afectados son ejemplos.

Por otro lado, fueron concedidos privilegios para grandes empresas, a través de iniciativas de flexibilización de normas que causaron el avance de la destrucción ambiental, incendios históricos en la Amazonia, el Cerrado y el Pantanal.

En 2020 Brasil no sembró derechos, por el contrario, segó vidas, sobre todo las vidas de las mujeres, vidas negras y vidas pobres, todo eso con mucha violencia e impunidad.

 Los afectados y afectadas por la destrucción de las represas en la cuenca del Paraopeba (Brumadinho/Minas Gerais en 2019 y el río Doce (Mariana/Minas Gerais en 2015) quieren celebrar este 10 de diciembre como un día de justicia, por haber ocurrido la tan soñada reparación que debía haber sucedido muchos años atrás.

Y, no tenemos mucho que conmemorar, poque lo que se divisa es el aumento de la vulnerabilidad, de los lucros de las empresas y la impunidad vergonzosa. Sufren por parte de las empresas la constante amenaza de retirada del poco ingreso recibido con programas de ayuda financiera de emergencia. Tienen su derecho a participación social vilipendiado por la propia Justicia y ni siquiera hay acceso a las informaciones acerca de lo que sucede en todas las etapas decisorias de los procesos de reparación. Son sobrevivientes de un poder judicial elitista y que desconoce la urgencia de la vida y la necesidad de hacer efectivos los derechos humanos.

El dolor de privatización de un país, de seguir la colonización, es el que amarga las familias de los habitantes del estado de Amapá, que quedaron varios días sin acceso a la energía eléctrica, y siguen con la discontinuidad en las prestaciones del servicio, por conflictos contractuales entre las empresas privatizadas. Aquí hay una inversión, tan común en nuestros tiempos: en primer lugar los intereses privados y económicos, después los derechos humanos. 

El acceso a la energia eléctrica como una condición esencial para la reprodución de la vida de las familias fue una lucha librada por el MAB este año. Sin energía no se hace comida; sin energía no hay internet para que los niños asistan sus aulas. Por eso, la energía debería ser parte de la cesta básica del pueblo, como lo es el gas doméstico para cocinar y la energía eléctrica.

Realizamos una inmensa campaña en defensa de la tarifa social de energía que es un derecho desde hace más de 10 años en el país, pero que nunca fue plenamente ejercido.

Nuestra lucha consiguió beneficiar a más de 2 millones de familias que pasaron a tener su derecho a la tarifa social de energía reconocida, pero aún existen 11 millones de familias que tienen ese derecho y las empresas y agencias irregulares del gobierno no toman las providencias necesarias para hacerlo valer.

Incluso con diversos límites para llevar a cabo los derechos de las poblaciones afectadas, el MAB, consiguió algunos importantes avances en la reforma de la Política Nacional de Seguridad de Represas (PNSB), Ley nº.12334/2010, con el avance de la imposición de algunas multas y la prohibición de la represa de tecnología constructiva denominada “a montante”.

Queda aún pendiente que el Congreso Nacional asegure la Política Nacional de Derechos a las Poblaciones Afectadas por Represas (PNAB, por sus siglas en portugués), en trámite en el Senado Federal, que permitiría avanzar en los estándares de derechos humanos para las poblaciones afectadas del país.

Todo eso nos muestra lo que ya sabemos y venimos debatiendo y difundiendo hace um buen tiempo. Justicia y derechos humanos sólo con lucha y organización. Por eso, celebremos la lucha y la organización del pueblo brasileño en este día de los derechos humanos para que de ella continuen brotando derechos, flores, pan, agua y energía.

¡Agua y energía no son mercancías! ¡Son derechos humanos!