Artículo| En Rio de Janeiro, proyecto de privatización del agua dejaría desabastecida a la población más pobre

Desde el 2017, el Gobierno Federal hace un gran esfuerzo para viabilizar la privatización de los servicios de saneamiento de Rio de Janeiro. Inicialmente, el ataque fue dirigido a la Compañía Estadual de Aguas y Saneamiento de Rio de Janeiro (CEDAE, por sus siglas en portugués); empresa pública que presta estos servicios en la mayoría de los municipios. Siempre estuvo claro que el verdadero interés es privatizar el agua en el estado.  

El gobierno de Bolsonaro intensificó aún más ese proceso con la ofensiva neoliberal orquestada por el ministro de economía Paulo Guedes. El mismo defiende, a cualquier costo, que la solución para la economía de Brasil sea la entrega de las riquezas del país, inclusive el agua.

Para tal motivo, el Banco Nacional de Desarrollo Social y Económico (BNDES) presentó un proyecto llamado Universalização do Saneamento (Universalización del Saneamiento), que pretende conceder a las empresas privadas, inclusive internacionales, los servicios de saneamiento de los municipios, por un período de 35 años. Según los técnicos que coordinan el proceso, este proyecto traerá un gran avance en la prestación de los servicios en el estado de Rio, llevando inclusión del acceso y disminución en la tarifa.

Pero, los trabajadores brasileños vivieron la privatización del sector eléctrico en los años 90, saben de sus contradicciones y afirman que “no es exactamente así como funciona”. En especial, nosotros, afectados por represas, sabemos que, para las empresas privadas lo que siempre está en primer lugar es el lucro, los dos crímenes de la Vale en Minas Gerais revelan esa crueldad.

¿A quién atiende la universalización del saneamiento?

Así como en el suministro de energía eléctrica, en el saneamiento los consumidores son “cautivos”, osea, la población no tiene el derecho de escoger quién le suministra el servicio.

Por tanto, el lucro en la venta es seguro, pues independientemente del precio que cobren, la población será obligada a pagar. En caso contrario, tendrá sus servicios cortados y puede llegar a ser multada. Para las empresas privadas, la preocupación con la calidad y con la universalización queda en segundo plano.

A pesar de que el proyecto del BNDES se presenta públicamente con esta propuesta de universalizar el acceso, los contratos señalan que las concesionarias no tendrán obligaciones, por lo menos en los próximos 20 años, en comunidades donde no habrá la debida urbanización y seguridad pública. Ciertamente la población más pobre, de las regiones más distantes y rurales o de las favelas, será una vez más penalizada y excluida, como viene siendo desde la esclavitud.

Probablemente los lugares considerados por las empresas como “peligrosos” perderán los pocos servicios que hoy son prestados por la CEDAE estatal y, en el caso que sean mantenidos, la población pagará precios altísimos sin ninguna mejora.

Esto demuestra lo irresponsable que sería la privatización de un servicio que es esencial para la vida y la salud de la población (eso si los actuales gobiernos, federal y estadual, consideran los trabajadores más pobres como parte de la población).

El precio aumentará

El plan del BNDES prevé una inversión del propio banco de R$ 35,5 billones de reais para las empresas que ganen la conseción. Según el plan, ese recurso será utilizado a lo largo de los 35 años.

El hecho es que alguien pagará esta cuenta. Y teniendo el ejemplo del sector eléctrico, que recibe préstamos en bancos públicos y cobra las cuentas de luz de la población, no tenemos duda que este valor también será pagado por el pueblo. Eso hace con que el negocio sea aún más lucrativo, pues la empresa privada ganará como presente los servicios de concesión, no tendrá costo ninguno de sus propios cofres para la inversión, y al final el pueblo pagará por el préstamo que la empresa tuvo del BNDES.

No existe universalización sin participación popular

No podemos creer que problemas tan graves como la falta de accesibilidad al saneamiento serán resueltos a partir de una oficina. La población necesita planificar las soluciones para sus problemas, al final estamos hablando de servicios que son prestados directamente a las casas de las personas, y que, además de eso, tiene conexión directa con la salud.

Soluciones definidas dentro de gabinetes sin participación popular siempre traerán perjuicios al pueblo, pues siempre llevarán como prioridad los intereses de quienes las hacen. De esa manera los entreguistas aprueban absurdos tras bastidores.

Dejarán el Pueblo de la favela sin saneamento debido a la negligencia del propio Estado con respecto a la seguridad de las personas. Harán obras millonarias, como es el caso de las represas del río Tanguá y del río Guapiaçu. Invertirán en saneamiento como si fuera suficiente hacer obras, sin tomar en cuenta los problemas de la salud que la población fluminense enfrenta. Desconsiderarán los innumerables problemas de tenencia de la tierra sufridos por agricultores y agricultoras, problemas que inviabilizan obras de saneamiento en sus comunidades, excluyéndolas del proyecto.

Y así sigue la lista de situaciones que la población enfrentará mientras no sea devidamente oída por los gobiernos y por el BNDES, que planea la concesión como un ensayo para Rio de Janeiro, modelando la concesión del saneamiento para todo Brasil.

Como si no bastara, ese modelo de concesión es aprobado en audiencias públicas virtuales, lo que limita mucho la posibilidad de que el pueblo conozca el proyecto y sus propuestas, además de la imposibilidad de manifestación.

Para el MAB, las audiencias públicas, las presenciales y principalmente las virtuales, que deciden el destino de millones de personas no pueden ser consideradas como legítimas. Es una negligencia total con la población y con la democracia, para aquellos que quieren vender Brasil, la presencia del pueblo es insoportable.

Abrirán la puerta de la privatización del agua en Rio de Janeiro, están “passando a boiada[i]” durante la pandemia, y quieren seguir haciéndolo en el resto del país.

¿Qué hacer?

Delante de propuestas tan absurdas no nos resta otro camino que no sea organizarnos y luchar por derechos.

La lucha por el agua se fortalece en Brasil, y con la aprobación del nuevo marco regulatorio del saneamiento, los gobiernos entreguistas tienen la ley a su favor y sacan de la población algo que no puede ser comprendido como mercancia, el agua.

Es urgente la necesidad de la construcción de una política que garantice los derechos de la población con relación a los servicios de saneamiento. Es urgente una gran mobilización para que:

• Sea creado un marco legal que impida a las empresas adquirir las conseciones
• Las empresas sean impedidas de aumentar el precio de la cuenta del agua;
• Sean obligadas a llevar saneamiento para todos y todas;
• Las impidan de irrespetar al medio ambiente;
• Establezca un canal de comunicación directa entre la población y la prestadora de servicio, con una instancia popular;
• Establezca la participación popular como esencial para cualquier alteración en el servicio. Y eso vale también para empresas estatales, que infelizmente también dejan mucho que desear.

Necesitamos organizarnos, luchar y defender nuestra agua, defender la salud de la población y no permitir que el capital privado robe de nosotros este derecho, reconocido inclusive por la Organización de las Naciones Unidas, que es el derecho humano al agua y al saneamiento básico.

Traducción: Ciro Casique Silva

^[i] Están tomando medidas impopulares