Afectados por represas realizan actos en todo Brasil durante Jornada de Luchas de marzo

14 de marzo: en la fecha que marca el Día Internacional de la Lucha contra las Represas, el MAB denuncia la impunidad de emprendimientos responsables por rupturas y exige políticas públicas de derechos y seguridad para afectados en el país

Durante la Jornada de Luchas, integrantes del Movimiento de los Afectados por represas (MAB, por sus siglas en portugués) realizarán actos para denunciar violaciones y reparación para los afectados por las cerca de 24 mil represas de Brasil, en suma 18 estados estarán movilizados.

La principal bandera del MAB en la jornada, es la construcción de una política de derechos y la creación de un fondo nacional que garantice una reparación histórica para la población afectada y, también, para comunidades rurales y urbanas afectadas por los cambios climáticos en el país», afirma Robson Formica, integrante de la coordinación nacional del Movimiento.

 El Movimiento ha exigido del Gobierno Federal y de los estados agendas relacionadas a la reparación, garantía de derechos y seguridad para la población afectada por represas.

Foto: Carol Ferraz/ Amigos da Terra Brasil

La propuesta, ya presentada al Ministerio de Minas y Energía, trata de la implementación de un fondo para poner a disposición recursos financieros en el atendimiento a las poblaciones y territorios afectados por la construcción de grandes obras (de aguas, minas y energías), por ruptura de represas y por casos extremos resultantes de los cambios climáticos. «El Estado es legitimador de los emprendimientos que violan los derechos humanos, entonces el Estado necesita ser protagonista de las políticas de reparación de esos derechos, atendiendo la agenda de los afectados», agrega Formica.

Política Energética

Además de defender la creación de un marco regulador que sea capaz de proteger a los afectados por la construcción, operación y ruptura de represas en todo Brasil, el MAB también defiende una política energética que democratice el acceso a este bien tan esencial y priorice el desarrollo social en el país; y no sólo a las ganancias de los inversionistas del sector a través de la privatización de compañías como la Eletrobras, entregada a la iniciativa privada en el último año.

Aunque alberga las dos mayores hidroeléctricas brasileñas, Pará, por ejemplo, es el estado donde hay más personas viviendo sin energía eléctrica. En toda la Amazonia legal –región compuesta por 772 municipios de 9 estados– se calcula que aproximadamente 1 millón de personas no tiene acceso a la electricidad, según la Revista Piauí. «Nuestra expectativa es que el gobierno pueda retomar un proyecto de soberanía en el campo de la energía. Que el estado pueda pensar la energía a partir de una perspectiva del desarrollo humano que garantice las necesidades del pueblo brasileño, y no la energía como un producto mercadológico generado a partir de la explotación del pueblo, comercializada con tarifas cada vez más altas para beneficiar al capital internacional. Esperamos que la energía pueda ser inductora del desarrollo económico y social, y que el resultado de ese desarrollo sea invertido en la educación, en la salud y en la mejoría de las condiciones de vida del pueblo brasileño», defiende Robson. Por eso, el Movimiento reivindica la reestatización de la Eletrobras, una de las mayores compañías de energía del país.

Política de seguridad para las comunidades y personas afectadas

Hoy en día, existen cerca de 1 millón de personas viviendo próximas a presas peligrosas en el país. Por ello, otra demanda de los afectados es la creación de la Política de Seguridad y Protección de las Poblaciones y Comunidades afectadas para evitar nuevos crímenes ambientales, como las rupturas de Mariana, Brumadinho (ambas en Minas Gerais) y Aurizona (Maranhão). Además de eso, el Movimiento defiende la protección de comunidades de áreas de riesgo que sufren con deslizamientos de tierra, anegamientos y otros eventos extremos.  

Movilización en São Paulo

En São Paulo, entre las medidas defendidas en ese contexto, están el mapeamiento y el registro socioeconómico y ambiental de residentes de los barrios de los distritos del municipio que sufren con las inundaciones recurrentes, para el reasentamiento de las familias. A cada año, barrios como el União de Vila Nova, en la zona este de la ciudad, son afectados por la operación de la represa de la Penha, que tiene sus compuertas cerradas para evitar la inundación de la autopista Marginal Tietê. Con eso, miles de personas son afectadas por el anegamiento de la región, perdiendo muebles, teniendo sus casas damnificadas y quedando aisladas.

El Plan Estadual de Vivienda (PEH-SP 2011-2023) estima que en el estado existen más de 3,2 millones de personas en situación de vivienda inadecuada. «Necesitamos de un registro con datos primarios para calificar la acción de la alcaldía en los períodos de lluvias y para desarrollar las políticas públicas necesarias de atendimiento y reasentamiento», defiende el MAB. Además de eso, otra reivindicación es la construcción de  obras de infraestructuras que, de hecho, prevengan las inundaciones. En el estado, la movilización sucede a partir de las 10:30 a.m. en la plaza del Patriarca, en el centro de São Paulo.

Asesoría de prensa

Nacional: Camila Frois +55 11 96345-5278
Acto en São Paulo: Fernanda Correia +55 11 94904-6232
Correo electrónico para atendimientos: [email protected]

Traducción: Ciro Casique Silva

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