Consorcio de Belo Monte prohíbe a los afectados por represas manifestarse

La empresa Norte Energía, dueña de la hidroeléctrica, y el Consorcio Constructor de Belo Monte han logrado a través de la Justicia Estadual de Pará la expedición de un interdicto […]

Consorcio de Belo Monte prohíbe a los afectados por represas manifestarseLa empresa Norte Energía, dueña de la hidroeléctrica, y el Consorcio Constructor de Belo Monte han logrado a través de la Justicia Estadual de Pará la expedición de un interdicto prohibitorio contra el Movimiento de los Afectados por Represas (MAB) y el Movimiento Xingú Vivo para Siempre (MXVPS). Según la decisión judicial, ambos movimientos tienen prohibida cualquier tipo de acción que pueda interferir en el proceso de construcción de la represa. En caso de que incumplan la medida, la multa diaria establecida será de R$ 50 mil.

La acción emprendida por las empresas que integran el consorcio de la represa de Belo Monte, bajo el nombre fantasma de Norte Energía, ha sido servilmente aceptada por una jueza de guardia del 4º Juzgado Civil de la Comarca de Altamira, que expidió un documento llamado Interdicto Prohibitorio, dirigido a los movimientos que luchan por los derechos de los afectados de la región en un claro intento de criminalizar la lucha de los afectados.

La decisión fue emitida un día antes de que tuviera lugar la asamblea realizada en el área social de la Escuela Bulamarque de Miranda, en un barrio de Altamira, a unos 30 kilómetros de distancia del cantero de obras principal. El evento reunió a más de 500 afectados por la represa de Belo Monte organizados en el MAB (Movimiento de Afectados por Represas) que buscaban reivindicar sus derechos, y la acción fue un claro intento por disipar cualquier idea de manifestación por parte de los afectados.

El MAB recuerda y enviará a las empresas, al gobierno y al poder judicial, el informe aprobado por el Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana de la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno Federal, donde consta la existencia de una práctica y un padrón constante de violación de derechos humanos en la construcción de represas en Brasil. Es para combatir esa práctica que los afectados necesitan organizarse. 

Más de 40 mil personas van a ser afectadas por la Central Hidroeléctrica de Belo Monte y hasta el momento poco o nada ha sido hecho, ni siquiera después de los R$ 22,5 billones de dinero público que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) ha liberado para la construcción de la central y que sin duda alguna beneficiará a empresas como Iberdrola, Vale, Alstom, Andrade Gutierrez, Odebrecht, Camargo Correa, Cemig y Eletrobrás.

El MAB repudia la posición del poder judicial al favorecer a los violadores de derechos humanos, sin siquiera querer escuchar a los afectados, e inclusive utilizando medidas que se creían superadas desde el fin del régimen autoritario.

Finalmente, afirmamos que la lucha de los afectados es una reacción justa contra la agresión de las empresas, y que mientras hayan injusticias, la lucha de la población afectada será legítima y continuará, incluso aunque eso vaya contra los intereses de los poderosos.

 

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