Lidereza del MAB es asesinada en el estado de Pará en Brasil

El crimen ocurrió en la zona rural del municipio de Baião, en el estado de Pará, al norte de Brasil.

Las dos Dilmas, durante su encuentro en Brasilia en 2011. Foto: Leandro Silva/MAB.

Este viernes (22), ha sido de dolor e indignación para el Movimiento de Afectados por Represas (MAB) de Brasil. La integrante de la coordinación regional del movimiento en Tucuruí, Dilma Ferreira Silva, fue asesinada en el Asentamiento rural Salvador Allende, ubicado en el km 50 de la ruta BR-422, conocida como Transcametá, en el municipio de Baião, del estado de Pará, al norte del país.

A causa de la difícil localización del área, las informaciones todavía son preliminares. Según la secretaría de Seguridad Pública del Estado, también hay otras dos víctimas asesinadas junto con la lidereza del MAB. Dos hombres, entre ellos el compañero de Dilma.

La actuación de Dilma

La familia de Dilma, residente de la zona rural, fue afectada por la construcción de la usina hidroelétrica de Tucuruí, que comenzó a ser construida en la dictadura militar, en 1974. Dilma vio su ciudad ser inundada por la apertura de las compuertas, y vivió en carne propia la total negligencia del proceso de reparación. A 30 años del comienzo de la obra, no hubo ninguna compensación para las famílias afectadas.

Luchadora del MAB desde el 2005, Dilma actuó en la Coordinación Nacional del Movimiento. En 2011, participó de una audiencia con la entonces presidenta de la República Dilma Rousseff, y fue la responsable de entregarle un documento que reivindicaba la elaboración de una Política Nacional de Derechos para los Afectados y Afectadas por Represas, con foco especial en las mujeres afectadas.

“Lo que nos da fuerza es el Movimiento, es la lucha para no dejar que lo que ocurrió con nosotros le ocurra a los demás”, explicó Dilma al ser preguntada sobre los motivos que la llevaron a entrar al Movimiento de Afectados por Represas en una entrevista que concedió al portal Amazônia, en ocasión de la realización del Encuentro Nacional de Mujeres Afectadas por Represas, en 2011.

Durante el encuentro, realizado en Brasilia, Dilma Ferreira denunció las violaciones de derechos humanos en la construcción de la represa de Tucuruí. Según la lidereza, la empresa prometió desarrollo para la comunidad, pero lo que llegó fue prostitución, pérdida de tierras, muchos accidentes y enfermedades, males nunca reparados.

Como consecuencia de sucesivas violaciones de derechos, Dilma entró a la lucha. Por ser víctima de desalojo y carecer de un lugar para vivir, vivía en un Asentamiento localizado en la zona rural del municipio de Baião.

Sobre el Asentamiento

De acuerdo con informaciones de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), en 2007 aproximadamente 480 familias vinculadas a movimientos de la Vía Campesina ocuparon la hacienda Piratininga. En 2011, cerca de 50 familias de la ocupación acamparon en la plaza do Mogno, en Tucuruí, para reivindicar el asentamiento del área. Ese mismo año, los sin tierra sufrieron un desalojo. Después de la salida de las familias, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria comenzó la medición de los lotes.

La Policía Civil del estado de Pará está en la región, dando inicio a las investigaciones del crimen que victimó a Dilma. En caso de confirmarse que la motivación del crimen proviene de disputas de tierras, será accionada la DECA, comisaría especializada en Conflictos Agrarios.

Comisión de Derechos Humanos de Diputados exige investigación

Luego de recibir la denuncia, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Minorías (CDHM) de la Cámara de Diputados, Helder Salomão (PT) solicitó providencias al gobernador de Pará Helder Barbalho, al secretario de Estado de Seguridad Pública y Defensa Social, Ualame Machado, y al procurador-general de Justicia, Gilberto Martins.

En un documento, el presidente de la CDHM pide agilidad en la adopción de medidas que permitan esclarecer el crimen e identificar a los responsables. Solicita también, que la CDHM sea informada de las medidas a tomar.

“Nuestra Comisión tiene la atribución de recibir, evaluar e investigar las denuncias relativas a cualquier amenaza o violación de Derechos Humanos. Además, el asesinato de defensores de Derechos Humanos es una grave violación de los compromisos internacionales asumidos por Brasil en la Asamblea General de las Naciones Unidas”, explica el diputado.