Familias son retiradas a la fuerza y sus casas son demolidas por la Usina Baixo Iguaçu, en Paraná, Brasil

En acción injusta, el consorcio responsable por la Usina Hidroeléctrica Baixo Iguaçu acaba de desalojar familias afectadas en la región oeste del estado de Paraná, Brasil.

En acción injusta, el consorcio responsable por la Usina Hidroeléctrica Baixo Iguaçu acaba de desalojar familias afectadas en la región oeste del estado de Paraná, Brasil. El grupo responsable por la obra, denominado Consorcio Generación Cielo Azul es formado por la Compañía Paranaense de Energía (Copel), el Fondo de Previsión del Banco de Brasil (Previ) y la transnacional española Iberdrola. Esta empresa es una de las cinco compañías eléctricas del mundo, con presencia en 40 países.

La mayoría de los trabajadores y trabajadores, que vivían en sus propiedades hace más de diez años vieron cómo sus casas fueron destruidas, algunas todavía con sus pertenencias adentro.

“Espero que a nadie le pase lo que estamos pasando. La situación es muy preocupante, somos más de 200 familias que todavía no fuimos indemnizadas, sin embargo las aguas amenazan expulsarnos de nuestras casas. Faltan menos de 20 días para que se rellene el lago. Y lamentablemente en estos momentos el gobierno del Estado está omiso ante semejante problema”, afirmó Romeu Antonio, afectado por la represa.

Afectados registraron las acciones en video:

La estimativa es que cerca de 200 familias están en la misma situación, sin que sus derechos hayan sido reconocidos por el consorcio y sin perspectiva de resolución del problema.

Maristela da Costa Leite, militante del Movimiento de Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués) denuncia la falta de diálogo del Poder Judicial con la población afectada: “Los jueces de la zona han escuchado solamente el lado de la empresa, y sin ningún diálogo con las familias procede a dar órdenes de desapropiación. Y esto se convierte en un hecho concreto en el día de hoy con dos familias que están siendo judicializadas”.

Maristela explica que hay familias que están encuadradas en áreas de reasentamiento pero la empresa todavía no adquirió estas áreas. Tampoco comenzaron los procesos de indemnización, que incluyen más de 70 familias.

Para el MAB, el escenario es muy complejo y difícil: “Hay una necesidad muy grande -tanto por parte de la Fiscalía como de la Defensoría Pública- de actuar urgente en la región de Baixo Iguaçu. Es lógico que no podemos dejar de hablar tampoco del órgano licenciador que es el Instituto Ambiental de Paraná (IAP), donde también encontramos muchos límites a la hora de intermediar la conversación con la empresa”, explica Maristela.

Los afectados ya organizaron diversas protestas y acciones para denunciar la negligencia y la negativa al diálogo de la empresa, sin embargo las violaciones de derechos siguen ocurriendo.

Entienda el caso de Baixo Iguaçu:

http://mabnacional.org.br/noticia/entenda-caso-baixo-igua-u