Órganos solicitarán que suspenda licenciamiento de la hidroeléctrica de Baixo Iguaçu

Decisión lleva en cuenta el no cumplimiento de condicionantes por parte del consorcio Neonergia, responsable por la obra. En audiencia pública realizada en la tarde del viernes (11), en Capanema, […]

Decisión lleva en cuenta el no cumplimiento de condicionantes por parte del consorcio Neonergia, responsable por la obra.

Foto de la mesa de la audiencia

En audiencia pública realizada en la tarde del viernes (11), en Capanema, suroeste del Paraná, más de 30 órganos públicos estaduales, parlamentares de la Asamblea Legislativa del estado y del Congreso Federal decidieron que pedirán al Instituto Ambiental de Paraná – IAP que suspenda las obras de la hidroeléctrica de Baixo Iguaçu. El argumento para el pedido es el incumplimiento de las condicionantes para la realización de la obra, en lo que se dice respeto a la garantía de los derechos de las personas afectadas por el megaproyecto, por parte del Consorcio Neonergia.

“Entendemos que la obra debería ser suspensa por el IAP, y que ellos comprenden que administrativamente no hay condiciones para ser mantenida la obra” garantiza la defensora publica de Cascavel, Luciana Tramujas Azevedo Bueno.

Hamilton Serighelli, asesor especial de asuntos de la tierra del gobierno estadual, subió la voz al afirmar que el Consorcio se niega a negociar, aun después de 32 reuniones y con la firma de 16 atas, desde 2013, inicio de las obras. “No estamos aquí jugando, no puede ser así. Eso no es cosa de gente seria, hizo que todos nosotros perdiéramos tiempo. Parece cosa de aquel chico que es el dueño de la pelota y dice que ya no quiere jugar. Que falta de responsabilidad es esa” disparó haciendo referencia a la postura de Neonergia.

La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de la Cámara Federal de Diputados, organizadores de la audiencia, enviaron un informe sobre la situación presentada por los afectados a IPA, y solicitaran otra reunión para la próxima semana. Representantes del gobierno estadual, órganos públicos que acompañan el caso y alcaides de las ciudades afectadas deben participar de la reunión.

La promotora del Centro de Apoyo a los fiscales de Derechos Humanos del Ministerio Publico de Paraná, Ana Paula Pina Gaia – MP, lleva a cabo que el órgano ya ofició el Instituto cuestionando el proceso de las condicionantes, pero aun no tuvieron respuesta. Para la promotora, la suspensión seria la alternativa correcta en este momento de tensión: “No veo otra solución inmediata, porque el miedo es la violencia”.

Cerca de 500 pequeños agricultores integrantes del Movimiento de los Afectados por Represas (MAB), residentes de áreas afectadas por la obra llenaron el salón comunitario de la iglesia São João Batista, ubicada en la comunidad rural Marechal Lott, donde fue realizada la audiencia. La familia están campadas hace 31 días frente la zona de obras para presionar el avanzo de las negociaciones. La reclamación es por el pago justo de indemnizaciones y por el reasentamiento colectivo.

“La ley es clara, hay que garantir condición igual o mejor de calidad de vida, porque la compañía no logra indemnizar el afecto de la relación con la tierra”, resalvo Padre João, diputado federal de Minas Gerais, que coordina la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Federal.

Foto de los afectados en la audiencia

Afectados

“Para hacer una oferta en la subasta la empresa tiene que tener una previsión de costos, por eso la compañía ya sabía que tendría que asumir con el costo de las indemnizaciones”, cuestiona Sidnei Martine, integrante de la coordinación del MAB, del cual parte de las familias afectadas hacen parte.

“Nosotros solo tenemos ese capital, si nosotros perdemos esa propiedad o nuestro medio de producción, no nos restará alternativa que no depender de la limosna del poder público, cosa que no queremos”. Afirma. Hay personas que viven hace más de 50 años en las tierras inundadas. “Somos pobres, pero vivemos y tenemos la dignidad de luchar hasta el fin. Si tenemos que morir luchando por lo que es nuestro, lucharemos”, dispara.

Judite da Silveira Antonello, del municipio de Realeza, estuvo entre las docenas de personas afectadas que fueron hasta el micrófono cobrar de las autoridades urgencia en la resolución del impase . Ella participa activamente del campamiento frente la zona de obras. “Ustedes no imaginan que es pasar la noche bajo una tienda de lona, las tempestades, los días de calor. Es una cosa insoportable, pero somos fuertes, somos labradores y no desistiremos. No somos ricos, todo lo que tenemos logramos con mucho sudor, y vendrá una compañía extranjera tomar todo lo que es de nosotros? No tomará. Somos más fuertes que ella” garantiza, haciendo referencia a Neonergia.

Darci Frigo, presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos, reforzó la necesidad de reconocer las personas afectadas para más allá de aquellos que son propietarios de tierras: “El emprendimiento trae no solo pierda de derecho de la propiedad, pero también el problema del sufrimiento psicológico, lo que llamamos de daño moral” El resalta que la hidroeléctrica tiene el interés de lucro, por eso tiene que asumir las indemnizaciones.

También participan de la audiencia regidores y alcaides de los municipios afectados y líderes religiosos de la región. “Porque cuando es para construir una puente, una grande obra, tienen dinero de sobra, cuando es con la gente pobre, es una tortura tan grande? Entonces aquí queda mi desahogo. Dijo el Padre Antonio Teixeira, de Capanema.

Foto de los afectados en la audiencia

Derecho a manifestarse

Delante de las denuncias de criminalización de la lucha de las familias, Darci Frigo resaltó la legalidad de las manifestaciones aseguradas por la constitución federal. El defensor general de la defensoría pública, Gerson da Silva, accionará la defensoría del tribunal de justicia para que sea realizada una reunión con la juez de Capanema, Roseana Assumpção, con la intención de conseguir la suspensión del interdicho prohibitorio emitido por la magistrada. En el entendimiento de los órganos, la intervención de la policía en el campamiento podría tener resultados desastrosos y el gobierno del estado, por medio del Comando de la policía, debe evaluar con prudencia la ejecución de los pedidos de toma de posesión;

Sin tierra

Para el defensor general del Incra Raul Cezar Bergold, el propio Incra es el más afectado por las represas de Paraná, una vez que los proyectos de asentando son afectados. “Entre las 18 mil familias asentadas y las más de 10 mil campadas, existen muchas familias afectadas por represas, Tenemos la noticia de que hay 200 proyectos de envaramiento del rio, y más de 30 mil familias aun serán afectadas” destaca. Con esa previsión, el reforzó la legitimidad y necesidad.

 

Fotos: Joka Madruga 

Texto: Ednubia Ghisi do Brasil de Fato PR

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