Evidencias comunes en la ruptura de represas, apagones en Brasil y en los Estados Unidos

En abril de 2021, un lugar de almacenamiento de mina de fosfato amenazó con lixiviar material radioactivo hacia la Bahía de Tampa, en Florida; algunas semanas antes, una represa de mina de oro en Brasil se rompió, contaminando el lugar de abastecimiento de agua potable de 4.000 personas en el estado Maranhão. En febrero y marzo, habitantes de los estados Mississipi y Texas (EE.UU.) enfrentaron apagones de energía y falta de agua potable. En noviembre de 2020, en Brasil, el estado Amapá sufrió con la falta de energía eléctrica por 3 semanas, que afectó a 765 mil personas, durante la pandemia de la Covid-19. En Brasil, desde el año 2000 ya ocurrieron por lo menos 12 rupturas en represas, lo que en promedio sería una ruptura de represas a cada 2 años. En el estado Minas Gerais, el segundo en producción del mineral de hierro del país, fueron 7 rupturas de represas de residuos mineros en 13 años.

A primera vista, esos sucesos no parecen relacionados. Profundizando un poco más, sin embargo, podemos constatar algunas evidencias comunes en estos acontecimientos de la realidad. El colapso de represas, desastres de minería, la falta de agua y los apagones de energía no son solo desastres «naturales», sino resultados provocados por la acción de los agentes privados del mercado. Esas situaciones son el resultado de centenas de años de imperialismo y colonialismo, seguidos por décadas de reformas neoliberales con privatizaciones, especulación financiera desenfrenada, y falta de responsabilización y reglamentación por parte de las empresas y de los gobiernos.

Finanzas globales y minería

Globalmente, 85% del fosfato extraído es usado para hacer fertilizantes; el estado americano de Florida actualmente es responsable por 25% de la producción mundial de fosfato. Una de las mayores fábricas de fertilizantes del mundo existe en Pool County, Florida, de propiedad de Mosaic, la mayor empresa privada de fosfato del mundo. Inclusive frente a una masiva oposición popular, el gobierno local aprovó la expansión de las operaciones de las plantas. Una de las razones de esa oposición es que las minas de fosfato y las fábricas de fertilizantes producen un residuo denominado fosfoyeso, que es radioactivo. Mientras la industria de fosfato continúa haciendo lobby para usar esos residuos para construcción y material de construcción de carreteras, la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA) no recomienda su uso porque lo considera un material peligroso para la salud. Entonces, la industria lo almacena. Uno de esos lugares de almacenamiento de residuos, Piney Point, se tornó noticia internacional al inicio de abril, cuando el reservatorio de almacenamiento estaba en riesgo de colapso, y equipos de trabajo bombearon millones de galones de esa agua contaminada (radioactiva) en la Bahía de Tampa, un área ambientalmente precaria.

Como relató un artículo en The Guardian, el lugar tiene una larga historia de polución, aunque los propietarios del lugar hayan cambiado a lo largo de los años. El gobernador de la Florida, Rick DeSantis, anunció que está haciendo una planificación para cerrar Piney Point y limpiar el área afectada por el emprendimiento y sus consecuencias. El gobierno todavía quiere responsabilizar la empresa HRK Holdings, empresa que ahora posee un local. Pero la población del sitio tiene dudas acerca de si esa planificación será de hecho cumplida por el gobierno. La HRK Holdings posee accionistas en común con la empresa canadiense Xemplar, que explota una mina de uranio en Namibia.

 Agua, energía y minería poseen relaciones estrechas en la producción y en la propiedad controladora. Los fondos financieros internacionales BlackRock y Vanguard, por ejemplo, detentan acciones de Equinox Gold, con sede en Canadá y también de la Vale S.A.. Blackstone detenta acciones (es el segundo mayor titular) de la Energy Transfer (Texas), discutido abajo. El mismo sistema financiero y los mismos actores corporativos están en juego: falta de medidas internacionales para responsabilizar las corporaciones, mecanismos financieros que permiten que las empresas de fachada sean esencialmente apátridas y no presten cuentas a nadie, las tornan difícil de responsabilizar.

Brasil es el segundo productor de mineral de hierro del mundo y el principal comprador de Brasil es China. El mineral de hierro fue el tercer producto más exportado por Brasil en 2019. Los dos estados con mayor producción de mineral de hierro en el país son Pará y Minas Gerais. Ambos estados sufrieron con recientes rupturas de represas de residuos mineros. La empresa responsable por las últimas dos rupturas de represa en Minas Gerais es Vale. La Vale es la segunda mayor empresa minera del mundo, con sede en Brasil, pero con capital siendo negociado en las principales bolsas de valores del mundo. Más del 45% de los accionistas de Vale son internacionales, incluyendo algunas de las mayores empresas de manejo de inversiones del mundo, con sede en los Estados Unidos. Por ejemplo, BlackRock y Capital Group, cada una, detenta cerca del 5% de las acciones en Vale, y el grupo Vanguard también posee acciones en la misma. La Vale ejecuta una maniobra llamada de triangulación, que es realizada por otras empresas también, a modo de reducir el pago de impuestos. Ella vende su producción de mineral de hierro en Brasil a su subsidiaria en Suiza, a precios más bajos que los del mercado y con eso paga bajos valores de impuestos en Brasil. Después, la Vale de Suiza revende el mineral para China a precio de mercado. Con esa maniobra Vale dejó de pagar al Estado brasileño US$ 12,4 billones de 2009 a 2015

La explotación de oro por la empresa minera Aurizona Mineração que integra el grupo canadiense Equinox Gold, en Maranhão existe desde 2010, pero las investigaciones minerales en esa región datan de la década de 1970 y la minería ilegal de oro existe allí desde el siglo XIX. El nombre Aurizona que es también el nombre de la comunidad donde se ejecuta la explotación de oro, significa «zona del oro». La empresa ya registra una recurrencia de problemas en sus operaciones. En 2014 hubo filtración del material del área de la zona minera que provocó una mortandad de peces, en 2018 hubo un deslizamiento de la pila de estéril, bloqueando carreteras e impactando una región de manglares y ahora en marzo de 2021 ocurrió la ruptura de la represa que afectó el lago de Juiz de Fora. Este lago es usado por la población de la comunidad de Aurizona para su abastecimiento de agua. Con la ruptura de la represa las personas de la comunidad están sin acceso al agua. Las cerca de 4 mil personas consiguieron que la empresa les suministrara agua, pero el agua ha venido con olor y coloración fuertes. La Equinox Gold es fruto de la fusión de varias empresas canadienses como Luna Gold y Trek Mining y la misma también posee relaciones con Pan American Silver, a través del presidente de ambas empresas.

Esas rupturas son intrínsecas del modelo de minería vigente. En plena crisis del capitalismo, para recuperar y elevar sus tasas de lucro, las empresas aumentan la producción de mineral cuando el valor del mineral de hierro en el mercado internacional sufre caída y reducen gastos con la manutención de las estructuras de contención de residuos. Las empresas gastan aún menos con seguridad, para garantizar la continuidad de los exorbitantes lucros. Así, con el aumento de la producción de mineral se produce también el aumento de la producción de residuos y el colapso de las represas. Con eso, al final de cada ciclo de aumento y caída del valor internacional del hierro, hay una gran probabilidad de un nevo desastre. Todas la empresas responsables por los desastres son empresas privadas pero es la población y el medio ambiente quien sufre los daños. Las empresas continúan teniendo un aumento de sus lucros, como es el caso de la Vale, que en 2 años luego de su ruptura en Brumadinho, tuvo una valorización de 119,8% en sus acciones.

Los fracasos de la privatización y la desregulación

En febrero de 2021, una tempestad de invierno barrió Texas, dejando 4 millones de personas sin energía en uno de los períodos más fríos de la historia reciente. Este no fue apenas un desastre «natural». El estado de Texas tiene un mercado desregulado, en el que los defensores prometieron suministrar energía más confiable y barata; sin embargo, en vez de eso, desde la década de 2004, las personas en verdad pagaron US$ 28 billones más. Texas es el único estado no conectado a las redes en otros estados. Los apagones en Texas fueron causados por la desregulación y privatización —el sistema internacional del neoliberalismo, que es promovido como una solución para los males del mundo, cuando la verdad es que los perpetró. Mientras que las personas sufrieron, y algunas hasta murieron— durante la tempestad de invierno, los ejecutivos de las empresas de combustibles fósiles se lucraron. Y las tarifas, en pleno apagón, llegaron a ser más caras, llegando a US$ 19 mil/MWh en estos lugares, un paraíso para el capital financiero que controla y especula estos negocios.

Aunque la tempestad de invierno y la caída de energía en Texas recibiesen atención nacional e internacional, menos atención fue atraída hacia los efectos del mismo frente de invierno en Mississippi. Debido a las caídas de energía en la capital de Mississippi,  Jackson, los habitantes quedaron sin agua por un mes entero. Más de 82% de los residentes de Jackson son negros, el racismo y la falta de inversión del gobierno conllevaron a esta situación. Nuevamente: un desastre «natural» no es la raíz del problema. En vez de eso, una crisis de infraestructura alimentada por décadas de desregulación, austeridad y reformas neoliberales, junto con el racismo histórico y estructural, son la causa raíz. Más de US$ 743 billones son necesarios para reparar la infraestructura hídrica obsoleta en los Estados Unidos. El presidente Biden propuso un paquete de infraestructura de US$ 2 trillones para eliminar las tuberías de plomo y mejorar «la salud de los infantes y de las comunidades negras de nuestro país», de acuerdo con la página web de la Casa Blanca. Aunque ésta sea una buena noticia, también debemos ser cautelosos: hay esfuerzos (inclusive por parte de los demócratas) de usar este proyecto de ley para conceder licencia a la industria privada y promover las «alianzas público-privadas», que a su vez se probaron desastrozas para el pueblo, en cualquier país en el que ocurrieron.

Los Estados son cómplices de las empresas en esas violaciones de derechos, una vez que son ellos los responsables por fiscalizar las actividades de éstas. Pero el Estado bajo el dominio de la doctrina neoliberal sufre lo que llamamos de captura corporativa que no es más que la influencia directa que las empresas ejercen en las decisiones que deben ser tomadas por el poder público. La captura completa de las agencias reguladoras es la prueba de eso. Eso ocurre porque en la sociedad actual las grandes empresas tienen más poder que los Estados y negocian con ellas lo que ellos podrían dejar de ganar si actuaran contra los intereses de las empresas. En Brasil, los intereses de las empresas hacen que el Estado no se organice para fiscalizar las represas. No hay estructuras adecuadas y tampoco disponibilización de recursos necesarios para el área de fiscalización. La Agencia Nacional de Minería (ANM) debe fiscalizar 816 represas pero posee sólo un tercio de los técnicos necesarios para ejecutar las inspecciones en las estructuras y su presupuesto viene disminuyendo a cada año. Hoy, en Brasil son más de 45 represas en riesgo extremo, sin estabilidad probada.  De ellas, 42 están en el estado Minas Gerais. En los EE.UU., la regulación de seguridad de represas también es dejada a los estados y no es regulada federalmente.

En Brasil, en 2021, la población sufrió con un gran racionamiento de energía eléctrica en todo el país. Ese apagón, como fue llamado, fue resultado del modelo neoliberal que fue implementado en el país en los años anteriores y que privatizó las empresas de energía, así como, redujo la planificación y la inversión del Estado hacia el sector eléctrico. El resultado fue un colapso nacional. En 2020, el estado Amapá sufrió con la falta de energía eléctrica. La empresa responsable era la española Isolux que cambió de nombre en 2019 para Gemini Energy, y no consiguió encontrar una solución para el problema de la falta de energía. Una estructura que debería tener una vida útil de 30 años, colapsó en menos de 10 años bajo control privado. Quien actuó para resolver la crisis energética en Amapá fue Eletrobrás, empresa estatal que el gobierno de Bolsonaro quiere privatizar. Bajo esa misma política neoliberal, el estado de São Paulo, en 2014, sufrió con la falta de agua debido a la lógica de la tasa de lucros máxima, en el menor tiempo y de gasto mínimo para garantizar la calidad del servicio. No es sólo falta de planificación y de inversión del gobierno en el sector, es la esencia de la lógica privada en los servicios públicos. Mientras la población racionaba agua en São Paulo, cerca de 500 grupos privados eran privilegiados con bajos precios para el agua, por la Compañía de Saneamiento del estado de São Paulo (Sabesp), entre ellos industrias, centros comerciales, condominios y grandes hoteles. En Brasil, el sector del agua y saneamiento es formado en su mayoría por empresas estatales (90%), pero la privatización se avecina con el aumento de las alianzas público-privadas en esa área.

Las fuentes de energia eléctrica en Brasil son en su mayoría (64%) de fuente hídrica. Esa fuente de energía es una de las que presenta menor costo de producción pero el precio pagado por el consumidor brasileño es uno de los más altos del mundo. Las altas tarifas de agua y energía son otra característica y consecuencia de la privatización. Para empeorar, el gobierno pretende privatizar lo que resta, efectivar la privatización de Eletrobrás que es la empresa estatal de energía del país. Hoy las hidroeléctricas de Eletrobrás venden energía a R$ 65,00 por Megawatt/hora, siguiendo las reglas de precios de mercado. Ese aumento en el valor de venta de energía será cobrado en las cuentas de los consumidores finales.

Todas esas situaciones muestran como bienes naturales que deberían estar al servicio de la población están, a decir verdad, siendo apropiados por las empresas privadas y siendo usados como mercancía para generación de lucro. Apagones, desastres en la minería, falta de agua, entre otros, no son eventos naturales. Todas esas situaciones relacionadas al agua, a la energía y a la minería tienen como origen el control privado de las empresas, formado por el capital financiero que dicta cuáles son las prioridades de las mismas: presentar altas tasas lucros para sus accionistas, altos rendimientos para los bancos y grupos financieros que invierten en ellas, siendo que muchos de esos grupos son comunes entre las empresas. Quien sufre con la prioridad de lucro de las empresas es la población más pobre, principalmente porque necesita pagar las altas tarifas, recibe servicios de baja calidad y ejecutados sin seguridad, que afectan áreas adyacentes y provocan contaminación ambiental. Los gobiernos aceptan esas situaciones y no consiguen fiscalizar ni castigar al estar orientados por una política neoliberal que estimula la relación corrupta entre estados y empresas. Es el Estado siendo capturado por el capital para servir a las empresas, como un agente al servicio de la clase dominante.

Mala para la mayoría del pueblo, esta realidad es común en los Estados Unidos, en Brasil y en el mundo. Cabe, entonces, a los afectados por esa realidad organizarse colectivamente para enfrentar todo ese aparato que se propone destruir sus formas de vida en nombre del capital.

Traducción: Ciro Casique Silva