Posición del MAB sobre la inauguración de la hidroeléctrica Baixo Iguaçu (Paraná, Brasil)

Este jueves, 23 de mayo, se inauguró en el municipio de Capanema, estado de Paraná, Brasil, la Usina Hidroeléctrica Baixo Iguaçu. Para la ocasión estaba prevista la presencia del presidente de la República Jair Bolsonaro, y del gobernador del estado de Paraná, Ratinho Jr, lo que no ocurrió. Sí se hizo presente, entre otros, el presidente de la Compañía Paranaense de Energía (Copel), Eduardo Pimentel.

Para el Movimiento de Afectados por Represas (MAB), la actividad es un capítulo vergonzoso en la historia de la Copel, mayor empresa paranaense, controlada por el gobierno del Estado. Existen aproximadamente cien familias afectadas en situación indefinida.

En los primeros días de febrero, el Instituto Ambiental de Paraná (IAP), concedió licencia de operación (LO) al Consorcio Baixo Iguaçu, compuesto por las empresas Neoenergia y Copel. Sin embargo, el órgano ambiental no hizo ningún tipo de consulta o verificación de las condiciones de la licencia, desconsiderando recomendaciones de no conceder la LO antes de la resolución de la situación de los afectados por la represa.

En este momento no existe ninguna mesa de negociación entre el Consorcio Baixo Iguaçu y los afectados. La falta de acuerdo en las indemnizaciones están siendo judicializadas por el Consorcio, lo que demuestra la intransigencia y truculencia en el trato a los afectados.

Además, los afectados ven negado sistemáticamente su derecho al reasentamiento. Esa postura es reforzada por el gobierno del estado de Paraná, que se niega a crear y coordinar un espacio de diálogo y actuar de manera proactiva en el proceso. Como todo el licenciamiento y fiscalización del proceso de la usina fue coordinado por el organismo ambiental estadual (IAP) cabe al Estado esta iniciativa.

Pero el gobierno de Paraná y la Copel se colocan de forma connivente y cómplice en este proceso de negación y retirada de derechos de estos pequeños agricultores, que precisan la tierra para continuar produciendo y manteniendo a sus familias.

Este es un proceso brutal de violación de derechos humanos por parte del Consorcio, que cuenta com el aval del gobierno. Líderes y lideresas han sufrido procesos judiciales, y están siendo criminalizados por construir a lucha por los derechos de los afectados. Esta es una forma de intentar inhibir el proceso de movilización social y organización popular.

El Consorcio Baixo Iguaçu, la Copel y el gobierno de Paraná celebran la inauguración de una usina que desde el inicio, en junio de 2013, viola, niega y criminaliza sistemáticamente los derechos de los afectados, al servicio del lucro de las grandes empresas como la española Ibedrola, principal accionista de la Neoenergia.