Otro militante de Ríos Vivos es asesinado en Colombia

Luis Alberto Torres (35) fue asesinado en la región de Puerto Valdivia (Antioquia) mientras trabajaba. Pertenecía a la Asociación de Pequeños Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia (AMPA), articulado al Movimiento Ríos Vivos, y luchaba contra el proyecto hidroeléctrico HidtoItuango.

Foto: Alianza de medios alternativos.

Muchas cosas no cambiaron con el acuerdo de paz firmado entre el Estado Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Una de ellas es el sistemático asesinato de líderes sociales. Desde que se oficializó, en setiembre de 2016, más de 200 defensores y defensoras de Derechos Humanos fueron asesinados en el país. Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), sólo en 2017 fueron 170 las muertes.

En la región de Puerto Valdivia, en Antioquia, dos militantes del Movimiento Ríos Vivos fueron asesinados en la última semana. Allí se está instalando la Hidroeléctrica Hidroituango, el mayor proyecto hidroeléctrico de la historia de Colombia, cuyo proceso de construcción está marcado desde el comienzo por violaciones de Derechos Humanos, violencia y amenaza contra los afectados que viven cerca del Río Cauca, que está secando a causa de la obra. Río abajo del muro de la represa el nivel del agua se redujo drásticamente, y algunos derrumbes taparon tubos de la usina, lo que impide el pasaje de agua.

Violencias

La historia de la región donde se está instalando Hidroituango está marcada por la violencia. Los campesinos de la región vivieron en carne propia el largo conflicto armado colombiano, y se estima que 600 cuerpos de desaparecidos pueden estar todavía enterrados a orillas del Cauca. La represa irá a inundar las regiones donde se encuentran los cuerpos, lo que impide exhumarlos. También lo impide talando árboles, referencia que los enterradores –muchas veces  pescadores locales que encontraron los cuerpos en el río- tenían para saber dónde estaban sepultados los cuerpos. Pero la represa continúa matando: esta semana fueron dos los asesinatos.

“Son las secuelas de la paz”, dice Juan Pablo Soler, de la coordinación nacional de Ríos Vivos. Y explica: “Hay un conflicto en los territorios, asociado a fuentes intereses económicos de megaproyectos de represas y mineras en estas regiones. No hay condiciones ni garantías de protestar ni se organizar, al mismo tiempo en que se profundiza la estrategia de agudizar el miedo en la población”. Permanentemente ocurren asesinatos y el movimiento reclama una actuación decidida del Estado para detener este proceso: “Sistemáticamente las instancias de diálogo han sido postergadas y dilatadas, y eso pone en evidencia que en Ríos Vivos no solamente nos preocupamos en ejercer nuestro legítimo derecho a la protesta, sino que también buscamos caminos jurídicos e institucionales para generar un diálogo y un tratamiento pacífico de los conflictos. Sin embargo, la respuesta que recibimos hasta ahora es la negación de la existencia del propio conflicto y el rechazo de un camino participativo con las comunidades afectadas. Por lo tanto, un cúmulo de actuaciones del Estado nos mantiene en esta situación caótica”.

Soler afirma que los hechos recientes “no pueden debilitar al movimiento, sino darle más coraje para continuar en la lucha por la defensa de los derechos de las poblaciones afectadas por la represa”. Del gobierno de Antioquia, que a través de Empresas Públicas de Medellín (EPM) es la principal accionista de la usina, el movimiento exige que se promuevas y respeten espacios de diálogo, tanto con EPM como con las autoridades ambientales. Para eso, dice Soler, “se precisan actuaciones efectivas que hagan que las entidades competentes trabajen con responsabilidad y la empresa finalmente reconozca que se equivocó. Que su trabajo fue insuficiente y no tuvo en cuenta la diversidad cultural, ambiental y social de la región, y por lo tanto tendrá que contemplar a los nuevos afectados e iniciar procesos de reparación justa, de acuerdo con las exigencias de las comunidades afectadas y no de acuerdo con sus propios intereses”.

La urgencia de la protección

Los asesinatos se dan en un contexto complicado en la región. Hidroituango está con varios problemas estructurales que no permiten el avance de las obras y la puesta en funcionamiento de la usina. Por causa del desmonte -que según Ríos Vivos no se hizo siguiendo las ordenanzas ambientales-, varios derrumbes de agua, troncos y piedras bloquearon los túneles de paso de agua por la represa. Esto hace que baje drásticamente el nivel de agua rio abajo, y que se inunde la región aguas arriba de la represa. La preocupación es muy grande en las comunidades de la región baja, por el riesgo de avalancha. En este contexto, los pobladores estaban organizando una movilización, en el día en que fue asesinado Hugo Albeiro, de 47 años, integrante de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos (ASVAM), articulado en Ríos Vivos.

 Foto: Ríos Vivos. 

Esa movilización no ocurrió, ya que la empresa prometió iniciar un diálogo. Pero tampoco hubo diálogo. La empresa no reconoció a los afectados como tales, y afirmó que no existe ningún tipo de riesgo. Y que se fuera el caso, existe un plan de emergencias.

Sólo ocho días después, el 8 de mayo, fue asesinado Luis Alberto Torres (35), en la misma región, militante y afectado por la presa. Era pescador y barequero, integrante de la Asociación de Pequeños Barequeros y Pescadores de Puerto Valdivia. “La comunidad estaba organizándose y con este nuevo asesinato se dificultó la posibilidad de hacer alguna acción por la defensa de nuestros derechos vulnerados. Ese es uno de los efectos directos que este tipo de asesinatos produce”, dice Soler. Este asesinato se suma a otros que ya acontecieron recientemente en la región.

Ríos Vivos Antioquia, que integra Ríos Vivos Colombia, movimiento de actuación nacional, cuenta con un Plan de Prevención y Protección Colectiva, elaborado en conjunto con el Ministerio del Interior, en el que esta institución se comprometió a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las comunidades de Antioquia. Sin embargo, a pesar de la gravísima situación en la región, que expone su urgencia, el Plan no ha sido implementado.