Frente la Casa Civil, Rossoni tensiona relación con los movimientos populares en Paraná

Tras una semana antes del asesinato de dos agricultores sin tierra en la región de Quedas do Iguaçu, estado de Paraná en Brasil, – tragedia que se dio en el día 7 de abril de 2016 – el secretario de la Casa Civil y el diputado federal, Valdir Rossoni (PSDB), se reunieron con líderes regionales y representantes de la compania maderera Araupel, comprometiéndose en solucionar el conflicto en la área de la empresa.

Por: Pedro Carrano, con colaboración de Ednubia Ghisi de Brasil de Fato PR

Su cita para la Casa Civil había ocurrido días antes, en 14 de marzo, asumiendo el cargo de Eduardo Sciarra (PSD). Al principio, poca diferencias, una vez que los dos son representantes directos del agro negocio. Pero, llama la atención como Rossoni, ex presidente de la Asamblea Legislativa de Paraná, este año estuvo presente activamente de acciones recientes del gobierno Richa (PSD) que resultaran en represión contra los movimientos populares. Del caso de Quedas do Iguaçu, ocurrieron también conflictos del gobierno con el movimiento de los afectados por represas, MAB y con los estudiantes secundaritas.

Se sabe que Rossoni tiene relación directa con la maderera Araupel, de quien recibió en 2014, donaciones para su campaña de diputado federal, en el valor de 50 mil reales, mientras la campaña de Richa al gobierno recibió 150 mil reales y el también tucano (PSDB) Paulo Litro recibió 10 mil reales. Las informaciones están en la página del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Labranza arcaica

Una de las análisis de los movimientos populares apunta que Rossoni presenta un perfil relacionado a ramas del agro negocio de Panará. “El representa los sectores más atrasados, arcaicos y violentos, los sectores madereros, extractivitas, que están relacionados al mando, a la oligarquía, al coronelismo. El implementó ese método cuando fue alcaide de Bituruna y viene persiguiendo los movimientos populares”, analiza el integrante de la coordinación del MST de Paraná, que prefiere no identificarse.

Rossoni empezó su trayectoria en los ochentas, conyugando la política y el agro negocio en pequeña ciudad de Bituruna, región sur del estado. En 2014, como diputado, se dedicó en el serio conflicto de los indígenas de la región de Guaíra, en la frontera con Paraguay, llamando la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) de terrorista debido la postura del escritorio regional en la busca de reglamentación de tierras originarias del pueblo guaraní. Rossoni condenó, en aquel año: “Está entrenando personas del Paraguay para decir que son indios y ocupar esas tierras”.

Amenaza desalojo y violencia en represas.

En el caso reciente de los afectados por represas, hace más de un mes están campados en la zona de obras de la hidroeléctrica de Baixo Iguaçu, en Capanema, región suroeste del estado, ocurrió más de una intervención cuestionable de Rossoni.

Las familias son integrantes del MAB y revindican el reasentamiento, presionando el avanzo de las negociaciones con el gobierno Richa y el Consorcio Energético Baixo Iguaçu, formado también por Copel (compañía estatal e energía). En este Momento, una acción de toma de posesión presiona las familias en dejar el lugar. Hubo despejos forzados anteriormente y violencia en el mismo año y local.

En los fines de octubre, en relación entre el movimiento y el gobierno Richa, con presencia del secretario jefe de la Casa Civil de Paraná, el gobierno había asumido el compromiso de mediar el dialogo con la compañía, lo que no sucedió.

Los afectados, por su vez, reclaman de falta de avanzo en las negociaciones con el gobierno, desde que la Casa Civil asumió la coordinación del proceso. “Las negociaciones vinieron para Curitiba, lo que inicialmente parecía bueno, no hubo avanzo en el proceso y lo que se avanzo fue la criminalización, interdichos prohibitorios, uso desproporcional de fuerza policial, truculencia y identificación de líderes”, acusa una líder de los afectados, que prefirió no identificarse.

El mismo integrante del MST en Paraná evalúa que Rossoni presenta un perfil de “poca cultura política”, por eso las acciones violentas y de falta de habilidad en la negociación con los movimentos populares. “El cree que el mando viene de la violencia y del aparato del Estado. Es una temeridad que el siga en el aparato del Estado, lo que estimula la violencia”, defiende el líder.

El Gobierno defiende distensionar el estado.

En el interior del gobierno Richa, no hay una visión de cambio de postura. Es Asesor Especial para asuntos de la tierra, relacionado a la Casa Civil, Hamilton Luiz Serighelli, en entrevista en vivo al Brasil de Fato Paraná, defendió, que en la realidad es necesario solucionar el problema de las familias campadas en el estado, para reducir la tensión entre los movimientos populares y el gobierno Richa.

“Estuvimos con el ministro (Eliseu) Padilha en Brasilia, juntamente con el gobernador del estado de Paraná (Richa) y con líderes del movimiento, hablando de la necesidad de agilizar el proceso de adquisición de las áreas, o sea (…) que se agilice lo máximo posible, porque tenemos 10 mil familias campadas solamente en MST, además de los otros movimientos que ya tienen grande cantidad de familias también, y que nosotros necesitamos urgentemente bajar la tensión en el estado (…) La cantidad también de campados genera una presión, la sociedad también ha sentido, entonces hubo algunos hechos que pasaron sin necesidad, pero nosotros ya estamos restableciendo el dialogo buscando ajustar ese proceso” afirmó en entrevista en vivo para Brasil de Fato Paraná.

Rossoni y los despejos forzados de las ocupaciones de las escuelas.

Los episodios se suman. Aun en octubre de 2016, en el episodio de las ocupaciones de escuelas en Paraná por estudiantes secundarios contrarios la MP 476 , cuando el estado tuvo 850 escuelas ocupadas, Rossoni pronto convocó una reunión con padres y movimientos contrarios y muchas veces, truculentos – a las ocupaciones.

De allá, el secretario respaldó las acciones de despejo forzado de las escuelas, tal como la amenaza a los profesores que apoyasen los ocupantes. Podrían responder a los procesos administrativos, advirtió el gobierno de Paraná, de acordó con materia de la página G1. El sindicado estadual de profesores y funcionarios protestaron contra la medida.

“Considero esas medidas de autoridad. Autoridad que tienen la responsabilidad de cuidar de la educación de Paraná”, afirmó Rossoni, en el día 24 de octubre.

Trayectoria de secretario es marcada por denuncias

La trayectoria de Rossoni es marcada por denuncias, sobre todo en los seis mandatos consecutivos (24 años) en la Asamblea Legislativa de Paraná (ALEP), donde hubo favorecimientos explicitos para los dos hijos, Mariana y Rodrigo Rossoni – que llegó a ser alcaide de Bituruna, pero tuvo el mandato casado, de acuerdo con el periódico Gazeta do Povo.

“Es eso lo que revelan los registros de cargos comisionados ocupados en el Legislativo del Estado y otros documentos comprobatorios reunidos por el periodista aposentado Sylvio Sebastiani, ex servidor de ALEP”, describe documento levantado por el investigador Fernando Marcelino Pereira.

En el caso conocido como “Diarios Secretos” de 2010, entre los casi mil servidores y ex funcionarios de ALEP investigados por el Ministerio Publico de Paraná (MP), trece son sospechos de servir como funcionarios fantasmas contratados por el gabinete del presidente de la Casa, en aquel entonces, el diputado Valdir Rossoni.

Además del grupo de trece, otra servidora relacionada a Rossoni es objeto de investigación por sospecha de haber sido fantasma. Conforme enseñó el periódico Gazeta do Povo, la funcionaria Hellena Luiza Valle Daru – la madre de Altair Carlos Daru, ex-director-administrativo da Asamblea y hombre de confianza de rossoni por diez años – admite nunca haber trabajado en el Legislativo, aunque estuviese lleno el gabinete y tenga recibido 331 mil reales en salarios.

Valor Constructora y Servicios Ambientales

En enero de 2016, o Ministerio Publico de Paraná abrió investigación sobre los contratos firmados entre el ayuntamiento de Bituruna, feudo político de Rossoni, y la empresa Valor Constructora y Servicios Ambientales.

El propietario de la empresa, Eduardo Lopes de Souza y otras 14 personas, ya responden a una acción criminal, en el ámbito de la Operación Cuadro Negro. En la denuncia, los 15 son acusados de participación en esquema de desvío de dinero público a partir de contratos de la constructora con la Secretaria de Estado de Educación (SEED). Casi 20 millones de reales podrían haber sido desviados de construcciones y reformas de escuelas estaduales en todo el estado de Paraná.

Por obras en Bituruna, la constructora recibió 6,5 millones de reales en siete contractos firmados en 2012. Los recursos salieron de los cofres del estado de Paraná, por medio de convenios del Municipio con la Secretaria y también con la Secretaria de Desarrollo Urbano, de acuerdo con el periódico Gazeta do Povo.