Campamiento de afectados de Paraná completa un mes

Ocupación de las familias afectadas por la hidroeléctrica de Baixo Iguaçu completa un mes con amenazas de toma de posesión.

Este jueves (17) marca el primer mes de ocupación de zonas de obras de la central Hidroeléctrica (UHE) Baixo Iguaçu, ubicado entre Capanema y Capitan Leônidas Marques, municipios de Suroeste de Paraná. Hace 30 días, cerca de 300 personas hacen turno en el campamiento que reclama el derecho al reasentamiento de las familias afectadas y el aumento del valor ofrecido por las tierras que serán inundadas por el lago de la represa.

La Hidroeléctrica (UHE) Baixo Iguaçu empezó a ser construida por la compañía Odebrecht hace tres años y medio y, cuando concluida, tendrá una capacidad de generar hasta 350 MW de energía eléctrica. El consorcio energético Baixo Iguaçu, dueño del emprendimiento, es formada por la compañía paranaense de energía – Copel (30%) e, mayoritariamente por Neoenergia, que es constituida por la caja de previsión del Bando de Brasil y Iberdrola.

Esta última es una multinacional española que se encuentra entre las cinco mayores compañías eléctricas del mundo, con presencia en 40 países. En Brasil, la empresa domina la distribución de electricidad para 11,5 millones de personas, por medio de Coelba (Bahia), Cosern (Rio Grande do Norte), Celpe (Pernambuco) y Elektro (São Paulo).

Totalizando, Baixo Iguaçu afectará 1025 familias distribuidas entre los municipios paranaenses de Capanema, Capitão Leônidas Marques, Planalto, Nova Prata do Iguaçu y Realiza.

Negociaciones

Desde el inicio de la construcción de Baixo Iguaçu, se llevaron a cabo más de 40 reuniones de negociaciones involucrando el gobierno de Paraná y el consorcio Energético Baixo Iguaçu. Durante ese largo proceso, las compañías nunca se habían negado garantizar el reasentamiento Rural colectivo para las familias que optasen por esa modalidad de derecho. Todavía, desde la penúltima reunión, el consorcio informó que desistió de la construcción del reasentamiento, contrariando las condiciones del licenciamiento ambiental y materiales de divulgación de la propia compañía distribuida a los afectados.

Anteriormente, ya se había sido definido con las familias el tamaño del lote de 18 hectáreas. Además, había sido acordado que las familias afectadas con áreas de hasta 12 hectáreas tendrían derecho automático al reasentamiento.

Además de la quiebra de eses termos, el Consorcio condicionó un aumento de 44% en los precios que serán pagos como indemnización a la desapropiación de las tierras de los agricultores a la cancelación del proyecto del reasentamiento.

Para el integrante de la coordinación estadual del Movimiento de los afectados por represas (MAB) Rodrigo Zancanaro, está arbitrariedad muestra la falta de dialogo de las compañía con los afectados de región. “ellos no pueden imponer una manera de indemnización. Históricamente, el reasentamiento es la manera menos dañosa a la reubicación de los afectados. El afectado es el que debe decidir si prefiere indemnización monetaria o reasentamiento, que presupone también la manutención de los lazos de vecindad y la permanencia en la agricultura”, afirma Zancanaro.

Criminalización

Durante los treinta días en los cuales se mantienen campados, los afectados sufrieron amenazas de la Policía Militar del Paraná. Sin embargo, en los últimos días hubo una intensificación desde el proceso debido al mandato de toma de posesión de la zona de obras de la hidroeléctrica.

En los últimos días, los policiales ya avisaron diversas veces en el local que, caso las familias no salgan voluntariamente, la tropa de choque ya está lista para evacuar toda el área, con uso de la fuerza.

En los días 8 y 9 de septiembre, los afectados ya sufrieron una toma de posesión, con uso excesivo y desproporcional de fuerza policial. Se utilizaron de bombas de gas y lacrimogenito y balas, dejando entre los heridos mujeres, hombres y ancianos, además de seis detenidos.

Para Zancanaro, esta no es la solución para resolver el problema. “No queremos conflictos y no entendemos que eso sea un caso de policía. Queremos solamente la garantía y reconocimiento de los derechos básicos de los afectados, que son agricultores y viven en la región hace 40, 50 años” explica.

Audiencia Pública

En este viernes (18), la Comisión de Derechos Humanos y de Ciudadanía, junto con las Comisiones de Derechos Humanos y Legislación Participativa del Senado Federal y Derechos Humanos y Minorías de la Cámara Federal, llevaron a cabo una audiencia pública “Situación de los Afectados por la Construcción de la Hidroeléctrica Baixo Iguaçu”.

El evento será a las 13 horas, en el Centro Comunitario de la Comunidad de Marechal Lott, municipio de Capanema.