Consejo Nacional de Derechos Humanos publica informe sobre crimen de Brumadinho

Una comitiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) visitó, en misión emergencial, la región afectada por el crimen de la minera Vale, luego de la ruptura del dique de desechos Córrego do Feijão, en Brumadinho (Minas Gerais).

Foto: Filipe Chaves.

En una de las primeras actuaciones de la nueva formación del Consejo, que asumió en diciembre de 2018, una delegación estuvo presente en Brumadinho, para relevar las violaciones a los Derechos Humanos generadas por el crimen de la minera Vale.

La misión ocurrió entre los días 29 y 31 de enero en las ciudades de Belo Horizonte y Brumadinho, luego de su aprobación en carácter de urgencia por la mesa directora, con el objetivo de promover una escucha calificada de las personas afectadas y proponer medidas de emergencia. La delegación realizó reuniones con el Grupo Conjunto de los MinistErios Públicos y las Defensorías Públicas, visitó la comunidad de Parque das Cachoeiras y Córrego do Feijão, escuchó autoridades públicas y se reunió diversas veces con los afectados y afectadas.

Según el informe resultante, aprobado por el pleno del CNDH, “es evidente la falta sistemática de las políticas y de los procesos operacionales de la Vale en la prevención, mitigación y remedio de las violaciones de derechos humanos y  daños socioambientales.

Es crimen

Para el Consejo, lo específico de lo acontecido en Brumadinho proviene de “la magnitud de las víctimas y de los impactos socioambientales, gravísimos y que materializan la reincidencia de la empresa Vale en este tipo de violaciones, repitiendo lo que ocurrió en la cuenca del Río Doce el 5 de noviembre de 2015”. Lo ocurrido en aquel momento -muchas de las consecuencias se arrastran hasta hoy- afirma el documento, “no se trata de mero evento como aparece en el acuerdo firmado entre las empresas y el Estado” sino de “desastre tecnológico y criminal”. Lo mismo vale para el caso de Brumadinho.

Las recomendaciones hechas por el CNDH en mayo de 2017, en su “Informe sobre la ruptura del dique de desechos de la Minera Samarco y sus efectos sobre la cuenca del Río Doce”, pensadas y formuladas como medidas de prevención y no repetición de nuevas violaciones de derechos humanos no fueron seguidas por las empresas ni por el Estado Brasileño. Al contrario: “en el intervalo de tiempo entre la ruptura de las dos represas -la de Fundão y la de Córrego do Feijão- el Estado Brasileño dedicó menos recursos a la inspección de las presas y debilitó el cuadro legislativo de licencias ambientales”, afirma el informe.

En el caso específico de Minas Gerais, cita el Proyecto de Ley 2.946/2015, que “aflojó todavía más los requisitos para la concesión de licencias ambientales y alejó del control público la evaluación de los potenciales impactos ambientales de emprendimientos privados”.

Según informaciones publicadas por el periódico Valor, la última vez que el dique que rompió en Brumadinho había sido visitado por los técnicos del gobierno fue en 2016, lo que muestra que durante dos años y hasta el momento de la ruptura, la propia empresa Vale elaboraba y enviaba a la Agencia Nacional de Minería (ANM) las declaraciones de seguridad.

Foto: Filipe Chaves.

Y después

El CNDH realiza en el documento una serie de recomendaciones, tanto al Gobierno Federal, al Gobierno del Estado de Minas Gerais, y a los órganos del sistema de justicia, cuanto a la empresa Vale. La idea es garantizar “la representación de las personas afectadas en los espacios de decisión, y que se asegure el derecho a la participación informada con involucramiento y consulta deliberada de los afectados y afectadas” en “todos los espacios decisorios sobre medidas de interrupción, mitigación, recuperación y reparación emergencial y de largo plazo”.

Esas recomendaciones buscan garantizar, entre otras cosas, que se produzcan evaluaciones y estudios independientes, y que existan garantías de acceso a la salud, renta digna y protección jubilatoria para los afectados y afectadas que tuvieron su capacidad de contribución a la seguridad social afectada por causa del crimen.

El documento completo  en portugués y la totalidad de las recomendaciones se pueden leer en el documento anexo.

Leandro Scalabrin, representante de los Movimientos de la Vía Campesina en el Consejo, destaca la importancia de la misión: “fue importantísima porque fue una respuesta ágil y a la altura de la gravedad de las violaciones de derechos humanos ocurridas en el caso. En la primera reunión anual aprobamos el informe de la misión y los enviamos para las autoridades responsables, de las que exigimos las respuestas necesarias”.

El abogado completa: “En momentos en que están siendo atacados, hay quienes intenten confundir a las personas sobre la importancia y alcance de los derechos humanos. Y es por medio de ellos que los afectados pueden organizarse para exigir y reivindicar sus derechos, la información, la participación y la reparación. Principalmente en este duro momento en el que vivimos, en que todos los días ocurren ataques a los derechos humanos y la vida de las personas, este es el papel del CNDH”.