En reunión con gobierno, afectados de Baixo Iguaçu exigen cumplimiento de las condicionantes y resentimiento

Afectados por hidroeléctrica de Baixo Iguaçu evaluaran propuesta del gobierno del gobierno de Paraná de retirar campamiento frente a la zonas de obras para garantizar el reasentamiento.

Foto: Leandro Taques 

En este miércoles (23) ocurrió en el Palacio Iguaçu, en Curitiba (PR), una reunión para discutir los problemas relacionados a la hidroeléctrica Baixo Iguaçu (UHE), actualmente en construcción en el municipio de Capanema (PR). Estuvieron presentes miembros de la coordinación estadual del MAB, el secretario jefe de Casa Civil Valdir Rossoni, el presidente del Instituto Ambiental de Paraná (IAP) Tarcísio Mossatto, el integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Darci Frigo, además de representes del Ministerio Público, Defensoría Pública, Procuraduría del Estado de Paraná y COPEL. También comparecieron los disputados estaduales Tadeu Veneri, Profesor Lemos y Nelson Luersen, además de alcaides de las ciudades afectadas por el emprendimiento.

En la ocasión, después de varias consideraciones, el gobierno del Estado de Paraná propuso la realización de una reunión de negociación, en el próximo martes (2(), con la presencia de Neonergia, accionista mayoritaria del Consorcio Baixo Iguaçu.

En embargo, la exigencia colocada por el gobierno para la realización de la reunión fue la retirada del campamiento realizado por las familias afectas, que se encuentran frente la zona de obras de la UHE hace un mes. Por otro lado, los afectados exigen que el tema del reasentamiento rural colectivo vuelva a la pauta de las negociaciones en el próximo martes. “El reasentamiento rural colectivo es una condicionante del proceso de licenciamiento, por eso debe garantizar inmediatamente a las familias que eligen por esta modalidad de derecho” afirmó una de las líderes del MAB, presente en la reunión.

También fue propuesto el inicio del catastro físico de las propiedades, con campamiento técnico jurídico a las familias, y que, habiendo por lo menos 10 familias que eligen por la modalidad de reasentamiento rural colectivo, el consorcio será obligado a adquirir áreas inmediatamente.

“El punto llave en este proceso es la garantía de tierra para quien desea ir para el reasentamiento, eso resolverá parte de los problemas de los afectados, por eso el gobierno del estado y Copel deben garantizar esta pauta”, reafirmó el líder del MAB.

Los afectados evaluarán las propuestas en asamblea hasta el fin de semana.