Comunicado del MAB | Cuenca del Río Doce: 6 anõs después, afectados continúan luchando por justicia

En el reasentamiento de Bento Rodrigues, apenas 10 viviendas de 244 fueron finalizadas después de casi 6 años. No existe plazo para la conclusión. No fue hecha la remoción del desecho de las áreas afectadas y las comunidades están conviviendo con él sin ninguna orientación ni cuidados. De las 21 personas denunciadas criminalmente por el Ministerio Público Federal (MPF), sólo cinco aún se encuentran en el proceso de investigación de las muertes, inundación y crímenes ambientales.

Este 5 de noviembre de 2021, se completan seis años de la ruptura de la represa de desechos minerales de Fundão, de propiedad de Samarco Mineração S.A, controlada por Vale y por BHP Billiton, dos de las mayores empresas mineras del mundo en la producción de mineral de hierro.

Esta ruptura provocó el derrame de 48,3 millones de metros cúbicos de lodo tóxico en la naturaleza, que recorrieron cerca de 650 Km desde Mariana (estado de Minas Gerais), hasta la desembocadura del río Doce, en el poblado de Regência, municipio Linhares (estado de Espírito Santo), esparciéndose por varias comunidades al norte y al sur de la desembocadura, contaminando buena parte del litoral capixaba. Afectó, por la secuencia, al arroyo Santarém, al río Gualaxo do Norte, al río Carmo y 100% del río Doce.

El Movimiento de los Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués), en esta fecha, denuncia que la Vale continúa con todo el proceso en sus manos, inclusive siendo beneficiada por la actuación del Poder Judicial brasileño. A pesar de la gravedad de la situación, ya son más de 2 mil días sin reparación para los afectados. La impunidad es evidente. En la región, el lucro fue colocado por encima de la vida. El crimen se «renueva» cotidianamente en los lugares por donde pasa el lodo de injusticias.

Empresas cierran la puerta de entrada a la reparación

A pesar del pago en dinero para millares de afectados a través del Sistema Simplificado de Indemnización (Novel), pasados casi 6 años, las cláusulas del Acuerdo de Transacción y Ajuste de Conducta[i] (TTAC, por sus siglas en portugués) de 2016, no fueron completamente ejecutadas. De los 42 programas diseñados para la reparación, apenas 4 están en ejecución más avanzada, en los cuales hay mayor gasto de recursos. Son estos: a) registro de los afectados; b) el programa de indemnización; c) el programa de pago de ayuda financiera de emergencia y d) el programa de reconstrucción de villas.

Aún así, todavía hay, como mínimo, 60 mil registros sin finalización, lo que puede significar, aproximadamente, 200 mil personas esperando tener acceso a la puerta de la reparación. Para «resolver» el asunto, la Justicia Federal desfiguró el papel de la asesoría técnica, que tendría la tarea de acompañar este proceso, inclusive en su revisión completa para actualizar de forma correcta los registros de daños. En cambio, colocó un peritaje judicial vinculado al mercado financiero y sin cualquier conocimiento de la realidad social de la cuenca para revisar los registros. ¿Cómo hacer una reparación integral y justa si la puerta de entrada está cerrada para la mayoría de los afectados?

Agua y salud: derechos que el dinero no paga

Hasta hoy, hay diversas comunidades con dificultad de acceso al agua. Muchas viviendas reciben agua de mala calidad, retiradas de pozos artesianos perforados por la Fundación Renova que presentan olor y coloración. La Justicia Federal reconoció, recientemente, el llamado «daño agua», que son R$ 2 mil por día en función del desabastecimiento provocado por el desecho mineral en el río, pero eso no resuelve la problemática profunda que tiene que ver con la calidad y confianza en aquello que llega a los grifos de millares de personas.

Como no fue hecha la remoción de los desechos minerales de las áreas afectadas, las comunidades están conviviendo con eso sin ninguna orientación ni cuidado. A lo largo de los años, sin ninguna respuesta u orientación de la Fundación Renova, las personas volvieron a usar la mayoría de las áreas afectadas alrededor de los ríos con plantaciones y pastaje. La recuperación del río es una reivindicación importante de los afectados a lo largo de la cuenca, para que puedan volver a hacer uso de él como fuente de renta, alimento y ocio. Sin embargo, no hay un plan claro para que eso suceda para las familias afectadas, con los plazos establecidos y con seguridad.

Como resultado, todavía existen diversos problemas de salud siendo relatados por la población, principalmente, de alergias respiratorias y de la piel. Para esas personas, no hay ninguna acción de la Fundación Renova que resuelva el problema. Los municipios afectados de la cuenca del río Doce elaboraron planes de acción en salud desde el 2019, pero apenas 2 (Mariana y Barra Longa) fueron aprobados por la Fundación Renova, para que la misma pueda financiar los costos. Del mismo modo, no existe la continuidad de los estudios de impacto a la salud por parte de la Renova, por lo que ya fue objeto de aplicación de multas por incumplimiento de acuerdo.

Vivienda y asesoría técnica: negación de lo básico

En cuanto a la reconstrucción de las comunidades afectadas hay una serie de incumplimientos de plazos, diversos de ellos establecidos por la propia empresa o por desición judicial. La última de ellas determinaba que, en febrero de 2021, deberían estar construidos los 3 reasentamientos propuestos en el plan de reparación. Los reasentamientos de Gesteira y Paracatu de Baixo no poseen ninguna de las 100 casas prometidas. En el reasentamiento de Bento Rodrigues sólo 10 viviendas de las 244 fueron finalizadas después de casi 6 años. No existe plazo para la conclusión de las obras.

En este contexto, la indemnización llegó a casi 50 mil personas por el Novel, pero el costo fue el de obligar a los afectados a dar «seguridad jurídica» a las mineras que tuvieron que renunciar a sus derechos, como la ayuda financiera de emergencia, y firmar una liquidación general de los daños. Al mismo tiempo, la forma de implementación del Novel prácticamente acabó con todo el sistema de participación colectiva organizada y centralizó la gestión en el individuo, que ahora transfiere el protagonismo para abogados particulares, algunos de estos quedando multimillonarios. Así, se creó un ambiente para desmovilizar tanto jurídica como políticamente el derecho a la asesoría técnica independiente. Y fue lo que la Justicia hizo.

Sólo Mariana, Barra Longa, río Doce y Santa Cruz do Escalvado tuvieron derecho a la asesoría técnica garantizada. Los otros afectados de los más de 40 municipios impactados fueron desatendidos. El día 4 de octubre, la Justicia Federal, atendiendo casi todos los pedidos de las empresas, acabó con el concepto y el objetivo inicial de la asesoría técnica, prohibiendo casi todas las tareas técnicas previstas inicialmente, que son derechos ya conquistados. En la decisión aparecen, al menos, 12 prohibiciones e impedimentos para el trabajo de los equipos. Y cualquier estudio pedido por la comunidad sólo será hecho si el juez lo autoriza después de consultar a las mineras en el proceso.

Para empeorar, la Justicia quiere dificultar el trabajo presencial de las entidades elegidas con las comunidades. Según la decisión «las Asesorías Técnicas deben PRIORIZAR la utilización de los medios de comunicación virtuales (plataformas digitales, revistas virtuales, “lives”, YouTube, WhatsApp), REDUCIENDO Y/O EXCLUYENDO, la utilización de instrumentos físicos de comunicación.»

¿Qué Justicia es esta que da con una mano y quita con la otra? Una Justicia que facilita el pago individual en dinero, al mismo tiempo que desmonta todo un proceso colectivo, dificulta estudios independientes, criminaliza los movimientos sociales, disemina desconfianzas infundadas en organizaciones sin fines de lucro, reconocidas por su trabajo junto a los afectados por represas y fortalece la posición de las mineras en la cuenca.

¡Seis años después, continuamos en lucha por la justicia!

Exigimos que el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) demuestre que quiere hacer la justicia actuar en favor de los intereses de las víctimas y no de los criminales. La mesa de renegociación para un nuevo acuerdo «definitivo» entre gobiernos y empresas que está en curso con el involucramiento de varias instituciones necesita acoger verdaderamente los afectados, o será sólo un espacio más de difusión mediática de una iniciativa que resultará en ningún objetivo para la reparación de los daños colectivos en la cuenca, sino apenas fortalecer los intereses de las mineras. Audiencia Pública online no es participación. Queremos participar decidiendo conceptos y política, y teniendo derecho a instrumentos independientes de seguimiento, estudios y recolección de datos.

Partiendo de esta premisa, proponemos las siguientes acciones:

1. Derecho a la Asesoría Técnica Independiente, conforme al acuerdo firmado en 2017.
2. Modificaciones en el NOVEL, con el propósito de la liquidación final y de cierre del registro.
3. Fondo para proyectos colectivos de los afectados.
4. Fondo social para los afectados por represas de Minas Gerais y Espírito Santo.
5. Programa de Transferencia de Renta para combatir la pobreza agravada por la propia ruptura a lo largo de los años.
6. Nueva gobernanza, menos burocrática y más próxima de los territorios.
7. Acciones prioritarias para las mujeres y población afrodescendiente afectada.
8. Continuidad de los estudios ambientales y la no finalización de la agenda ambiental en este acuerdo.
9. El valor del acuerdo debe estar basado en el valor de R$ 155 mil millones de la acción inicial hecha por el Ministerio Público Federal (MPF).
10. Conquistas y avances en el acuerdo en Brumadinho como punto de partida de las negociaciones.

3 años de Brumadinho

En este año, caminamos en solidaridad y organización con la cuenca del río Paraopeba y con los afectados del crimen en Brumadinho, que el 25 de enero de 2022, completará 3 años. Nuestras luchas son las mismas. Nuestras agendas buscan el mismo objetivo y los violadores de nuestros derechos actúan de la misma manera. Compartimos el drama de ver la Justicia dejar impunes a los responsables de las más de 290 muertes en los dos crímenes. En el río Doce, de la acción de las 21 personas denunciadas criminalmente por el Ministerio Público Federal (MPF) solo cinco todavía se encuentran en el proceso que investiga las muertes, inundación y crímenes ambientales. La Justicia Federal entendió que las 19 muertes en 2015 no fueron homicidios.

Mientras tanto, en el Paraopeba, el Superior Tribunal de Justicia (STJ), aceptó el argumento burocrático por la defensa de que la tragedia afectó sitios arqueológicos, que están bajo responsabilidad de la Unión. Por lo tanto, la competencia jurídica cambia y la acusación vuelve al punto de partida.

Somos las víctimas de crímenes bárbaros que están lejos de una correcta solución y también de una Justicia que está al servicio de aquellos para quienes el crimen compensa. Hoy, más que víctimas, somos también un pueblo en lucha dispuesto a colocar la vida por encima del lucro. De cabeza erguida, seguiremos movilizados, por un año más, para denunciar la violencia de las grandes corporaciones, la impunidad, la complicidad de los gobiernos y del Poder Judicial.

Anunciamos aquí, como afectados de las cuenca del Paraopeba, del río Doce y del litoral capixaba, que seguiremos en marcha, en lucha, hasta que nuestra región deje de sufrir de la «maldición de la abundancia» de agua, minerales, tierra, petróleo. Hasta que nuestras riquezas sean compartidas entre nosotros, pueblo brasileño, para que ningún infante despierte sin saber si tendrá comida o educación, hasta que seamos una patria soberana, independiente y de control popular capaz de garantizar todos los derechos y reparaciones plenas para todos y todas

*Traducción: Ciro Casique Silva

[i] Nombre original del documento en portugués: Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).