Luego de haber ocupado la puerta de la Vale en Brumadinho, afectados siguen en lucha por la reparación
La acción ocurrió para denunciar la exclusión de los afectados en las reuniones de negociación de la empresa con órganos públicos; luego de cuatro horas esperando respuestas en la sede de la empresa, Vale se negó a recibir la solicitud de la población impactada por el crimen
Publicado 26/10/2020
En la mañana de este viernes, 22 de octubre, cerca de 150 afectados de la cuenca del Paraopeba ocuparon la puerta de la sede administrativa de la Vale en la ciudad de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais.
Afectados de los municipios São Joaquim de Bicas, Betim, Mário Campos, Juatuba y Brumadinho, organizados en el MAB, reivindican una respuesta concreta sobre la reparación del crimen, antes de una reunión realizada a puertas cerradas entre representantes de la empresa, la Defensoría Pública, el Ministerio Público Estadual (MPE) y el gobierno del estado, que ocurrió durante la tarde.
Estuvieron presentes: el presidente del Tribunal de Justicia, el procurador general de la Justicia, el abogado general del Estado y el defensor público general.
La Audiencia Extraordinaria de Conciliación en el 2º Tribunal de Hacienda Pública y Entidades Autónomas fue convocada sin la participación de ningún representante de la población afectada por el rompimiento de la represa, lo que provocó una revuelta de los residentes de las áreas afectadas. Luego de la lucha en la puerta de la empresa, el Ministerio Público Federal emitió una nota afirmando que no participa de las reuniones de negociación sin las asesorías técnicas y los afectados, en apoyo al movimiento.
La próxima ronda de negociaciones se dará en una reunión el día 17 de noviembre, ahora, con la intención de participación de los afectados.
La diputada estadual Beatriz Cerqueira y el diputado federal Rogério Correia enviaron una nota para el procurador general que está con el caso, con el propósito de que el MPE intervenga con urgencia a fin de fiscalizar la negociación, conforme su atribución constitucional.
Según el gobierno de Minas Gerais, por medio de la asesoría de prensa, la propuesta construida junto al MP y la defensoría tiene el valor total de R$ 54,6 mil millones. El estado de Minas Gerais requiere la indemnización inmediata de R$ 26,6 mil millones por los daños económicos, que se pagaría mediante financiamiento de proyectos. Los otros R$ 28 mil millones son referentes a la indemnización por daños morales colectivos y daños sociales.
“Nosotros sabemos que todas las veces que ellos se reunen a puertas cerradas, y hacen alguna negociación entre ellos, quienes pierden son los afectados. La última vez que hicieron eso, la ayuda de emergencia fue cortada en 50%. Nosotros exigimos que las decisiones que afectan la vida de millares de personas sean tomadas en presencia de representantes de los afectados”, afirma José Geraldo Martins, de la coordinación estadual del MAB.
Además de tratar las indemnizaciones individuales y el processo de reparación del crimen, la reunión que ocurrió en la tarde de este jueves, 22 de octubre trató también de la Ayuda de Emergencia pagada a las familias afectadas por el crimen.
Soluciones urgentes
Luego de más de cuatro horas en resistencia en el lugar, inclusive con intimidación de la Policía Militar, los afectados terminaron la ocupación, pero permanecen en lucha y resistencia para que la justicia sea hecha.
Además de la presión sobre los valores destinados a la reparación integral, que es derecho de los afectados, también hubo pedidos por agua potable y de calidad para la realización de tareas domésticas y otros servicios, conforme a lo acordado después del rompimiento de la represa y prometido por la Vale. Otro punto es que la empresa no corte el pago de la ayuda de emergencia, como está amenazando hacer.
Programa Derecho al Ingreso económico
El MAB propone que sea implementado el Programa Direito à Renda, propuesto por el movimiento, que garantiza los afectados un pago financiero durante cinco años para que haya estabilidad para la poblacón, además de ampliar el beneficio para más personas, dinamizando así la economía local.
De acuerdo con la propuesta del MAB, el programa debe ser controlado por el Estado, sacando de las manos de la minera el poder de decisión sobre los pagos, evitando conflictos, ya creados en los territorios.