Mineras intentan boicotear asesorías técnicas de los afectados

Desde la ruptura de la represa del Fundão, en el município Mariana de Minas Gerais, en noviembre del 2015, las comunidades denuncian el poder de las mineras en la conducción del proceso de mitigación de los daños. En la práctica, las acusadas (Samarco, BHP Billiton y la Vale) son las que determinan quiénes son las víctimas y las acciones que deben ser realizadas para la reparación de las pérdidas.

Foto: Colectivo de Comunicación del MAB

Por Guilherme Weimann, de Belo Horizonte (MG) especial para el MAB

En este escenario, organizaciones de la sociedad civil elaboraron un instrumento para intentar disminuir la desigualdad de poder entre las empresas mineras y los afectados. Las Asesorías Técnicas Independientes (ATIs) surgieron, justamente, con el objetivo de empoderar las comunidades afectadas y proporcionarles las condiciones para producir sus propios diagnósticos sobre los diversos impactos de la ruptura de la represa en sus vidas.

Para eso, cada ATI agrega un grupo interdisciplinario de profesionales especializados (abogados, psicólogos, asistentes sociales, agrónomos, etc), definidos por cada región, de acuerdo con sus propias demandas específicas.

Esa fue justamente la propuesta acordada en el Término de Ajuste Preliminar (TAP),  firmado por el Ministerio Público Federal (MPF), el  Ministerio Público de Minas Gerais (MPMG) y las mineras (Samarco, BHP Billiton y Vale), en enero del 2017, celebrada en el Término Adicional, en noviembre del 2017.

Construido sobre tres ejes –médio ambiente, socioeconómico y monitoreo de las acciones de la Fundación Renova– el TAP instituyó el Fondo Brasil de Derechos Humanos como la organización responsable para conducir, junto a los afectados, el proceso de elección de las Asesorías Técnicas.

Con eso, a partir del segundo semestre del 2018, el Fondo Brasil realizó audiencias públicas que garantizaron a las comunidades la definición de dieciocho (18) entidades para las Asesorías Técnicas dispersadas a lo largo de toda la Cuenca del Río Doce, desde Mariana hasta la desembocadura, en Espírito Santo. Sin embargo, hasta hoy, ninguna de esas Asesorías Técnicas están en funcionamiento.

En carta abierta, cinco entidades que fueron indicadas para assumir las Asesorías Técnicas en los diferentes territorios a lo largo de la Cuenca del Río Doce (Aedas, Adai, Cáritas Diócesis de Itabira, Cáritas Diocesana de Governador Valadares y el Centro Agroecológico Tamanduá) denuncian que el valor global financiero presentado por las mineras es catorce veces menor que lo construído de forma participativa, y aprobado por la Comisión de Trabajo y por el Fundo Brasil. Además de eso, las empresas constestan el tiempo de cuatro años de duración de las Asesorías Técnicas, aprobado por la Justicia. Para las mineras, el tiempo de trabajo debería ser de apenas un año.

De acuerdo con la abogada del Movimiento de los Afectados por Represas (MAB), Tchenna Maso, la Asesoría Técnica es “un derecho fundamental para asegurar a los afectados una reparación integral, pues permite que quien fue afectado por el crimen participe  informado de la construcción del proceso reparativo”.

En relación a la negativa de las mineras a cumplir el acuerdo de viabilizar el instrumento, Maso opina: “Cuando la Vale y las empresas se niegan a hacer efectivo este derecho, están negando el derecho de las poblaciones afectadas a decidir sobre cómo las cosas deben ser rehechas después de la ruptura, desencadenando una serie de violaciones a los derechos humanos”.

Los únicos lugares donde las Asesorías Técnicas ya están operando son los municipios mineros de Mariana, Barra Longa y Rio Doce (que abarca también Santa Cruz do Escalvado y Chopotó), seleccionado directamente por el Ministerio Público a través de consultas  públicas a los habitantes, antes de que el Fundo Brasil fuera designado como intermediario del proceso.

Brumadinho: la historia se repite

Una morosidad similar está ocurriendo en la Cuenca del Río Paraopeba, afectada por la ruptura de la represa en Brumadinho (Minas Gerais), de propiedad de la Vale, en enero del 2019. El Término de Acuerdo Preliminar (TAP), firmado en febrero del año pasado, instituye la creación de las Asesorías Técnicas Independientes.

Como en el caso del Río Doce, cinco Asesorías Técnicas fueron escogidas por las comunidades para actuar a lo largo del territorio que va desde Brumadinho hasta Pompéu, en Minas Gerais. Sin embargo, nuevamente, la Vale intenta deslegimitimarlas y retrasar  su implementación.

En un documento enviado por la defensa de la Vale al Tribunal 6º de Hacienda Pública y Municipos del Distrito de Belo Horizonte, la minera pide la reduccción del presupuesto, del alcance de operación y del tiempo de duración de las Asesorías. En la práctica, utiliza los mismos argumentos que impidieron hasta hoy el inicio del trabajo de las Asesorías en la Cuenca del Río Doce.

De acuerdo con la abogada Heiza Maria Dias, de la Asociación Estadual de Defensa Ambiental y Social (Aedas), seleccionada para conducir el proceso de las Asesorías Técnicas en Brumadinho y en el Territorio 2 (Mário Campos, São Joaquim de Bicas, Betim, Joatuba e Iagarapé), las discordancias de la Vale desvirtuan radicalmente el papel original de las Asesorías.

“Las contestaciones de la Vale apuntan a la falta de caracterización del derecho a la Asesoría Técnica. Respecto al alcance es importante destacar que la empresa propone una Asesoría Ténica sin técnicos y sin consultorías, restando apenas la administración del proyecto y los mobilizadores, y éstos en números reducidos también”, relata Dias.

Según la abogada, en la práctica, la Vale pretende reducir la función de las Asesorías a la transferencia de informes y, de esa manera, “limita la crítica de los afectados a las informaciones y a la producción de infromaciones a partir de su visión”.

Con los planes de trabajo ya formulados, las entidades selecionadas por las Asesorías Técnicas Independientes esperan una resolución de la Justicia para poner en marcha las atividades previstas para la región afectada, que hace un año están sin medidas efectivas para solucionar los problemas causados por los desechos de la mina de Córrego do Feijão.

Hasta el cierre de este reportaje, la Vale, propietaria de la represa que se rompió en Brumadinho (Minas Gerais), no respondió a los cuestionamientos enviados sobre el asunto. 

Edición y traducción del texto: Ciro Casique Silva