Poblaciones tradicionales alertan sobre ataques a la soberanía nacional y popular en un Brasil cada vez más amenazado

Del “tarifaço” al PL de la devastación, el imperialismo intensifica su ofensiva sobre la soberanía brasileña y amenaza la autonomía de los pueblos sobre sus territorios. Los afectados estarán movilizados en defensa de la soberanía el 5 de septiembre – Día de la Amazonía – y el 7 de septiembre en todo el país.

Movilización durante el Día Mundial del Medio Ambiente, en Brasilia, denunció los ataques del Congreso contra los territorios a partir del PL de la devastación. Fotografía: Gabriela Biló

Cuando Donald Trump amenazó con gravar las importaciones brasileñas, la historia fue contada bajo la lógica de una disputa comercial y política. La cuestión es que, más allá de impuestos y tasas, el “tarifaço” fue la confirmación de que Estados Unidos nunca abandonó su codicia por lo que consideran “las riquezas de Brasil”. Desde tierras raras hasta el petróleo de Petrobras, la historia se repite: el imperialismo quiere controlar nuestros bienes naturales para alimentar su máquina de acumulación capitalista.

El espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) contra Petrobras y el golpe que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff en 2016 no fueron casuales. Forman parte de un proyecto de dominación que busca garantizar que Brasil siga siendo un exportador de commodities, con sus riquezas en manos de corporaciones extranjeras.

Iury Paulino, de la Coordinación Nacional del MAB, destaca: no es novedad que somos víctimas históricas del proceso de despojo del imperialismo, y que “hace siglos vemos nuestras riquezas ser llevadas para promover el desarrollo de otros”. Y añade: “Para nosotros, quedan las secuelas sociales y ambientales de este proceso sistémico de saqueo”.

La advertencia de Paulino es sobre esta nueva fase del imperialismo estadounidense sobre América Latina, especialmente en Brasil, a partir del avance de la extrema derecha:

“Es un ataque frontal a la soberanía, que busca desregular el Estado a través del debilitamiento de las leyes, como lo están haciendo con el PL de la devastación. Atacan el sistema económico, como en el caso de los impuestos, para garantizar ventajas económicas, pero también para interferir en la política de los Estados nacionales, buscando cada vez más potenciar las facciones entreguistas, ya sea por la vía electoral o promoviendo golpes”.

Pau-brasil, azúcar, oro, diamante, café, litio, energía (que ellos tienen la osadía de llamar ‘verde’) y tantos otros. La lista de la explotación viene de siglos, llega a nuestros días con esta nueva cara del imperialismo y se extenderá aún por muchas décadas bajo la misma lógica: el pueblo pierde, el capital gana.

En beneficio de EE.UU., el gobierno de Trump ya demostró interés por la producción mineral de lugares como Groenlandia, Rusia, República Democrática del Congo – y ahora, Brasil. En Ucrania, Trump exigió un acuerdo para la explotación de minerales y tierras raras como condición para seguir apoyando militarmente al país, en guerra con Rusia desde 2022.

En esta carrera mundial, Brasil tiene una posición estratégica: se estima que poseemos hasta el 23% de las reservas conocidas de tierras raras – 17 elementos que no son exactamente raros, sino de difícil explotación – en el mundo. Además, Brasil concentra cerca del 92% de la producción de niobio – usado principalmente para fortalecer el acero, hacerlo más liviano y resistente al calor y la corrosión, siendo esencial en sectores de alta tecnología como la construcción civil, turbinas, trenes de alta velocidad, baterías y equipos aeroespaciales y militares, como misiles.

Enmascarado por un discurso de sostenibilidad, aliado a una élite entreguista que impulsa la privatización de sectores estratégicos y ofrece al extranjero nuestros bienes naturales, el capital negocia acuerdos y alianzas, mientras el pueblo pierde espacio y poder en sus propias tierras para dar lugar a megaproyectos.

La lucha por garantizar la soberanía brasileña exige enfrentar estos ataques con el fortalecimiento de proyectos construidos por el pueblo y que coloquen en el centro la valorización de la vida y del territorio. “La extrema derecha no tiene condiciones de incubar este tipo de iniciativa”, alerta Iury. “Solo los verdaderos nacionalistas y progresistas pueden cumplir este papel. Sin embargo, el fascismo nace y se fortalece en los momentos de crisis de horizonte de la humanidad y falsamente se apropia de las banderas y deseos verdaderos del pueblo”, destaca.

En los últimos años, la Amazonía se ha convertido en blanco de grandes proyectos como hidrovías, corredores logísticos, hidroeléctricas, proyectos mineros y carreteras al servicio del mercado. En el Cerrado minero y en el Oeste bahiano, el agronegocio y la minería avanzan sobre tierras geraizeiras, arrasan comunidades tradicionales de Fondo y Fecho de Pasto, mientras la transición energética global aumenta la presión por litio, tierras raras y minerales cada vez más estratégicos para el capital. “Estamos en una fase de extrema violencia del imperialismo”, analiza Paulino.

Mientras tanto, el Congreso Nacional no solo es cómplice, sino que colabora activamente con esta agenda. El PL de la devastación (PL 2.159/2023) flexibiliza el licenciamiento ambiental para favorecer grandes emprendimientos, incentiva leyes que debilitan las demarcaciones indígenas y quilombolas y coloca a Brasil aún más sometido a los lobbies del agronegocio y la minería.

La verdadera soberanía exige control popular sobre los territorios y leyes que prioricen a los pueblos tradicionales, no al agronegocio ni a la minería. No basta con estar en contra del imperialismo norteamericano si mantenemos un modelo que entrega nuestras riquezas al mercado global. Para Iury, hay una forma esencial de enfrentar este proyecto que quiere convertir los territorios en propiedad de la élite y del capital: “Necesitamos organización popular, debatiendo un proyecto de país soberano y proponiéndonos dejar de ser una hacienda de producción de commodities y energía para convertirnos en un país desarrollado, avanzando en la garantía de los derechos de sus pueblos, en la defensa del medio ambiente y, principalmente, colocando a su pueblo como prioridad central”.

Geraizeiros: Sin el Cerrado no existimos

“La vida de la gente solo tiene sentido en nuestra tierra natal”, cuenta Joselita dos Reis Pereira, de la comunidad de Ribeirãozinho, en el municipio de Padre Carvalho (MG). Joselita forma parte de los pueblos reconocidos tradicionalmente como geraizeiros, nombre que hace referencia a las comunidades tradicionales que habitan los Gerais, una región de transición entre el Cerrado y la Caatinga en el norte de Minas Gerais y el oeste de Bahía.

En medio de chapadas, valles, veredas y quebradas, los geraizeiros adquieren identidad a partir de su territorio, estableciendo una relación especial y particular con este bioma. Fue así que llegaron a ser conocidos como Guardianes del Cerrado.

“Nacimos y vivimos aquí, obteniendo de la tierra nuestro sustento y cuidando de ella. Conocemos las plantas, los remedios del Cerrado, los alimentos, las aguas. Todo lo que tenemos viene de la madre tierra. Por eso, somos geraizeiros y nos llaman Guardianes del Cerrado: porque vivimos en su defensa, y sin él no existimos”, explica doña Joselita.

Además de sembrar y cultivar, los geraizeiros recolectan especies nativas del Cerrado, como frutos, raíces, hierbas medicinales, miel silvestre, madera y otros productos que ofrece el Gerais. Allí está su vida, su memoria y su cultura: “Nuestra vida está aquí. Aquí están nuestras familias, nuestra historia y la forma de vivir que aprendimos. Fuera de aquí no nos acostumbramos, no tenemos la misma relación con la tierra ni con la comunidad”, cuenta ella.

En la conversación con Joselita, la pregunta más fácil de responder es también la más difícil de aceptar. Al hablar sobre las amenazas al territorio, ella dice: “Las mayores amenazas son las empresas que llegaron con el eucalipto, que secaron nuestros ríos, mataron los peces y quitaron el espacio de nuestro ganado. Ahora también está el riesgo del mineroducto de SAM, que promete progreso, pero en realidad solo trae destrucción, quitándonos el agua y amenazando nuestra supervivencia”.

La amenaza a la soberanía de los geraizeiros sobre su territorio comenzó a mediados de 1970, con las extensas plantaciones de eucalipto en tierras consideradas ‘desocupadas’ por las empresas. Además, como menciona Joselita, la región fue recientemente invadida por otras compañías, como Mantiqueira Transmissora de Energia y la empresa Sul Americana de Metais (SAM), que desprecian los derechos de las familias afectadas. El proyecto del mineroducto citado por la geraizeira forma parte del Bloco 8, que incluye la construcción de la mayor represa de relaves de todo Brasil. Según estudios del MAB y de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT-MG), serían 2.596 hectáreas de represa y aproximadamente 1,5 mil millones de toneladas de relaves mineros almacenados. El mineroducto, de 480 km, solo sería superado en extensión por el más grande del mundo (el Minas-Rio de Anglo American, que tiene 529 km). Además, el complejo minero consumiría 6,2 millones de litros de agua por hora en una región que ya sufre con la sequía.

El “desarrollo” promovido por el imperialismo en todo el mundo también se aplica al territorio de los geraizeiros, desconsiderando su relación con la tierra e imponiendo un progreso que solo interesa al capital. Pero Joselita advierte: “El verdadero desarrollo es vivir bien en nuestra tierra, con dignidad, sembrando nuestro alimento, criando nuestros animales y cuidando del agua. Es tener energía solar, pozo artesiano, pequeñas represas, puentes mojados. Es mejorar la vida a partir de lo que ya tenemos y de lo que la comunidad construye unida, no con proyectos que solo sirven a las empresas”, concluye ella.

Los afectados del Bajo Tocantins denuncian los impactos de la “hidrovía de la muerte” sobre la población ribereña. Fotografía: Jordana Ayres / MAB

¡El progreso no es esta hidrovía!

“El progreso es esta vida que ya tenemos. Porque tenemos nuestro açaí, tenemos nuestro pescado, tenemos nuestra agua, que es limpia y buena, que nos da vida”, analiza Fortunato Nery Ramos, habitante de la comunidad de Carapajó, en Cametá (PA).

Don Nery – como es conocido en el MAB – sufre junto con los pueblos ribereños del río Tocantins las amenazas del capital con el proyecto de la hidrovía Tocantins-Araguaia. El proyecto prevé la dragado de más de 200 km del lecho del río, además de la explosión de unos 35 km del Pedral do Lourenço, considerado cuna de la biodiversidad acuática de la región. Las obras tienen como objetivo permitir el paso de grandes embarcaciones para el transporte de commodities, como soja, minerales y ganado, desde el Centro-Oeste hasta el Puerto de Vila do Conde, en Pará.

En el Bajo Tocantins, los afectados organizados por el MAB en Cametá, Baião y Mocajuba denuncian los numerosos problemas que genera el megaproyecto en las comunidades, que no considera la importancia del río para los habitantes locales y amenaza profundamente los modos de vida de los ribereños, quilombolas y otras poblaciones tradicionales a la orilla del río.

Sin derecho a participar en decisiones sobre una obra que afecta tanto su territorio, los afectados denuncian que el proyecto servirá únicamente – como tantos otros – para el beneficio y enriquecimiento del agronegocio y la minería: “No vamos a tener ningún beneficio, solo vamos a perder lo poco que tenemos. Nuestros peces morirán tanto por la explosión del Pedral do Lourenço como por la contaminación del agua y el paso de las embarcaciones”, cuenta Don Nery.

La relación con el territorio es algo común en los pueblos tradicionales y mal entendido – no porque se haga un esfuerzo por comprenderlo – por el capital. Sobre esto, Don Nery resalta: “No hay otro lugar a donde ir. Nacimos y crecimos aquí, estamos aquí ya en nuestra vejez, y aquí es donde vivimos”.

Afectados por la Represa de Tucuruí desde hace más de 40 años, los ribereños del río Tocantins ahora sufren con el proceso de implementación de la hidrovía: licencias atropelladas, negación del reconocimiento de los afectados, invisibilización de las mujeres y comunidades tradicionales, violencia institucional y la imposición de una lógica de desarrollo que destruye lo que encuentra a su paso – típica del imperialismo que desea dominar pueblos y territorios para explotarlos en su propio beneficio.

Fotografía: João Zinclar

Luchar no es un crimen: La resistencia de los pueblos de Fundo y Fecho de Pasto en el Oeste de Bahia

En las últimas décadas, la región del Oeste de Bahia ha vivido una intensificación de los conflictos agrarios, especialmente en municipios como Correntina y Formosa do Rio Preto. El avance del agronegocio, aliado a la ocupación ilegal de tierras públicas, ha provocado impactos directos sobre las comunidades tradicionales de Fundo y Fecho de Pasto, que habitan estos territorios desde hace siglos y desempeñan un papel fundamental en la preservación del Cerrado.

En el contexto de estas disputas, compañeros y líderes de las comunidades de Fecho de Pasto han sido perseguidos y encarcelados, víctimas de procesos judiciales débiles o acusaciones infundadas que buscan criminalizar la resistencia popular, como fue el caso de Solange Moreira y Vanderlei Silva, líderes de la comunidad de Brejo Verde, en Correntina. Estas detenciones representan un intento de silenciar voces que denuncian la apropiación ilegal de las tierras y la violencia del modelo productivo que beneficia a pocos a costa de muchos.

“La lucha de estas comunidades refleja los principios defendidos durante décadas por el MAB. Para nosotros, la defensa de los territorios y el acceso justo al agua como bien es parte inseparable de la lucha por la soberanía del país, que no se logra con violencia y expulsión, sino con justicia social, territorio garantizado y protagonismo popular”, destaca Moisés Borges, miembro de la Coordinación Nacional del MAB en Bahia.

Comunidades tradicionales del Oeste de Bahia realizan una caravana para denunciar la ofensiva del agronegocio en sus territorios. Fotografía: Bia Silva / MAB

La expansión desordenada del agronegocio, impulsada por intereses de grandes grupos económicos nacionales y extranjeros, amenaza los territorios tradicionales y el equilibrio ambiental del Cerrado. En los últimos años se han acumulado denuncias de ocupación ilegal de tierras, violencia armada, judicialización de las posesiones y omisión del Estado. Se trata de un intento de mercantilización de espacios que durante siglos han sido gestionados colectivamente por comunidades que garantizan, en la práctica, la seguridad alimentaria, la preservación ambiental y la permanencia humana en el campo.

El MAB siempre ha alertado que la entrega de los bienes estratégicos del país al capital privado representa un declive de la soberanía. La lucha de las comunidades de Fecho de Pasto demuestra que esto no se limita a las hidroeléctricas: el territorio rural está siendo convertido en frontera de saqueo. Y, como siempre, quienes más sufren son los pueblos que viven en armonía con la tierra, que están allí no como propietarios, sino como guardianes.

Para Moisés, la conexión de la lucha en defensa de las comunidades tradicionales con la soberanía nacional es directa: “Sin control popular sobre el territorio y sus bienes naturales, no hay verdadera autonomía de un país sobre su destino. La defensa de estos territorios es la defensa de un proyecto de Brasil donde los bienes naturales estén al servicio del pueblo y no del lucro”, concluye.

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