El documento presenta propuestas para la política energética y defiende la reestatización de empresas estratégicas, el control estatal de precios y tarifas, y la garantía de los derechos de los trabajadores, consumidores de energía y agua y poblaciones afectadas por las obras del sector

El encuentro defendió la soberanía, el control de los precios, la calidad de los servicios de electricidad y agua, la industrialización nacional y una mayor participación popular