COP 30 en la Amazonía: ¿cuándo empezará Brasil a escuchar, reparar y proteger a los afectados por el cambio climático?

En medio de la crisis de alojamiento e infraestructura en Belém (PA), ciudad sede de la 30ª Conferencia sobre el Clima de la ONU, el país se encuentra a poco más de dos meses del evento, con muchos retos medioambientales que deben acaparar la atención mundial. Del 10 al 21 de noviembre, la capital de Pará acogerá debates de extrema importancia global entre Estados, gobiernos y la sociedad civil. El objetivo principal es evaluar el progreso del Acuerdo de París, revisar los objetivos de reducción de emisiones y discutir acciones concretas para frenar el calentamiento global, como la financiación climática (iniciativas de contención de emisiones). Y la insistencia en celebrar el evento en la Amazonía, a pesar de las dificultades estructurales, no es sin propósito. El territorio debe ocupar un lugar destacado en los principales foros del programa. Pero, ¿qué piensan los brasileños y, especialmente, los amazónicos, que se ven directamente afectados por el cambio climático?

Para el Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), no es posible diseñar soluciones reales para los problemas medioambientales del mundo sin escuchar a las poblaciones que se ven directamente afectadas por los desequilibrios climáticos. Cabe destacar que el cambio climático afecta de manera desproporcionada a las  poblaciones vulnerables, como los pobres, los negros, los indígenas, las mujeres y los niños.  Esto se debe a factores como la ubicación geográfica, el acceso limitado a los recursos y las infraestructuras, así como a una mayor exposición a los fenómenos climáticos extremos y sus repercusiones.

Debido a las contradicciones históricas del modelo económico vigente en el país, las poblaciones que están en primera línea en la lucha contra la destrucción de los ecosistemas naturales son las más afectadas por los efectos devastadores de las recientes tragedias medioambientales, a pesar de ser las que menos contribuyen a las emisiones de gases responsables del calentamiento global. Se trata de comunidades de pescadores, extractivistas, agricultores familiares, indígenas y quilombolas que viven de actividades de bajo impacto y libran una lucha diaria contra la inseguridad, la pérdida de sus modos de vida y la violación de los derechos humanos. A pesar de ello, tienen poco o ningún espacio de representación en los debates oficiales de la COP, mientras que las empresas del sector agroindustrial, minero y energético han ido ganando cada vez más influencia en las decisiones de la Conferencia.

Cumbre de los Pueblos

Por eso, durante la COP, los afectados se organizan en la Cumbre de los Pueblos, un evento paralelo a la cumbre oficial, organizado por movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil. El evento busca fortalecer la participación social y la construcción de soluciones populares para la crisis climática, yendo más allá de las decisiones tomadas en las conferencias oficiales de la ONU.

«Creemos que la COP 30 en Brasil constituye una ventana importante, en primer lugar para reforzar la importancia de la lucha de las poblaciones afectadas de Brasil y del mundo. En segundo lugar, para volver a situar en el centro del debate los problemas del actual modelo económico de producción, que está relacionado no solo con la crisis climática, sino también con la crisis medioambiental – en una perspectiva más amplia -, la crisis alimentaria y la crisis económica, etc.», afirma Francisco Kelvim, uno de los miembros de la coordinación del Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB).

A pesar de ello, para el Movimiento, el debate de las COP sigue estando muy marcado por las diplomacias que actúan para defender los intereses de los bloques económicos y los beneficios de las empresas de sus países. «Por eso, tenemos pocos resultados prácticos a lo largo de más de 30 años de conferencias. De todos modos, este es un momento importante para poner sobre la mesa nuestras denuncias sobre los problemas que viven los afectados en el campo y en la ciudad, y presentar nuestras propuestas de soluciones basadas en la participación popular», afirma Thiago Alves, miembro de la coordinación del MAB, en Minas Gerais.

La presión de las organizaciones populares en la lucha por los derechos de las poblaciones afectadas es aún más necesaria en un año en el que Brasil podría ver alterada su legislación. A pesar de las tragedias medioambientales que se han vuelto recurrentes, el Congreso aprobó recientemente el proyecto de ley 2.159/2021, conocido como «PL da Devastação» (Proyecto de Ley de la Devastación). La presión de las organizaciones populares fue muy importante para que el proyecto no tuviera un impacto aún más grave en la vida de la población. Aunque el presidente Lula sancionó la nueva Ley General de Licencias Ambientales, vetó 63 de las casi 400 disposiciones, bloqueando puntos críticos como la ampliación de la Licencia por Adhesión y Compromiso (LAC) para proyectos de medio potencial contaminante, la transferencia irrestricta de las competencias de concesión de licencias a los estados, la supresión de la protección especial de la Mata Atlántica y la limitación de la consulta a los pueblos indígenas y quilombolas en proceso de reconocimiento. Estos vetos son fundamentales para preservar los estándares nacionales de licenciamiento, evitar retrocesos graves y garantizar la participación y la protección social y ambiental, temas centrales de la COP 30.

En este contexto, la Cumbre de los Pueblos pretende ser un espacio de resistencia contra las constantes amenazas de retroceso ambiental en el país. Además, es un movimiento de lucha y construcción de alternativas para un futuro más justo, en el que se escuchen las voces de las comunidades afectadas por el cambio climático y se atiendan sus demandas. Desde hace más de un año, la Cumbre promueve encuentros preparatorios en diferentes regiones del país para definir las prioridades que se debatirán en la reunión.

Los retos de los afectados: inseguridad e injusticia

A pesar de la intensificación de la movilización popular en este año de la COP, la lucha del MAB por garantizar la protección de los derechos de los afectados viene de lejos. El Movimiento ha denunciado históricamente las consecuencias de un modelo económico que provoca inseguridad y violación de derechos. Al fin y al cabo, Brasil cuenta con unas 24 000 presas registradas en la Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) y muchas de ellas representan un peligro constante para las comunidades que viven en sus alrededores.

Los desbordamientos de las presas de Mariana (2015) y Brumadinho (2019), en Minas Gerais, son ejemplos emblemáticos. El delito cometido por Samarco/Vale/BHP Billiton en Mariana devastó la cuenca del río Doce, afectando a más de 40 municipios. En Brumadinho, 272 personas murieron y el lodo tóxico de Vale sepultó el distrito de Córrego do Feijão. Casi 10 años después de la primera rotura, los afectados siguen sin recibir una reparación integral por sus pérdidas y los ríos Paraopeba y Doce siguen contaminados. La falta de fiscalización y la impunidad se suman al dolor de las familias, que aún intentan reconstruir sus vidas en medio de la injusticia.

Según Geisa Cristina Tomé, residente de Betim (MG), el cambio climático ha intensificado los efectos de las roturas, que siguen afectando profundamente la vida de los residentes.

«Hasta hoy, las inundaciones en la cuenca del río Paraopeba arrastran residuos tóxicos fuera del lecho, contaminando casas y patios con metales pesados. En Betim, en la Colonia Santa Isabel, las inundaciones afectan incluso a los pabellones donde viven pacientes ancianos, lo que obliga a desalojarlos y provoca cortes de agua y electricidad. Cuando los residuos se secan, se convierten en polvo tóxico que es arrastrado por el viento. Es urgente que, durante la COP en Brasil, se debata la realidad de todos los afectados por los mayores delitos ambientales del país, para que se pueda avanzar en políticas de reparación y seguridad», afirma la afectada.

Además de las roturas, la gestión irresponsable de las presas también provoca inundaciones devastadoras. En Jequié, Bahía, la apertura de las compuertas de la presa de Pedra en 2021 provocó inundaciones que afectaron a miles de personas, dejando a familias sin hogar y destruyendo viviendas. Estos acontecimientos demuestran cómo las decisiones de las empresas y los gestores pueden afectar directamente a la vida de la población, especialmente a la más vulnerable.

De norte a sur, la crisis climática afecta a los más vulnerables

Según la última investigación del Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), más de ocho millones de brasileños viven en zonas de riesgo de desastres naturales, como inundaciones y deslizamientos de tierra. La mayoría de estas personas son de bajos ingresos y residen en viviendas precarias, en laderas y llanuras aluviales.

En el sur del país, las históricas inundaciones que devastaron Rio Grande do Sul en 2023 y 2024 son un reflejo de la crisis y de la necesidad de recursos para acelerar las acciones de reparación. Más de 476 municipios se vieron afectados, con cientos de muertos y millones de personas afectadas, según la Defensa Civil. La tragedia puso de manifiesto la vulnerabilidad de ciudades enteras y la dificultad de la reconstrucción en un contexto de fenómenos extremos cada vez más frecuentes. Los afectados por esta catástrofe se enfrentan a la pérdida de todo: sus casas, sus negocios, sus recuerdos.

El impacto en la salud de la población también es enorme, con un aumento de las enfermedades respiratorias, la leptospirosis, los problemas cutáneos y los traumas psicológicos. Para Juraci Padilha dos Santos, que vivió la crisis climática en su máxima expresión durante las inundaciones de 2023 y 2024 en el valle de Taquari (RS), para que las iniciativas para superar esta situación sean efectivas, es necesario valorar al ser humano y reconocerlo como un agente de transformación. «Hoy en día vemos que las personas valen casi menos que los bienes materiales. Estamos viviendo una época en la que somos desechables. Es muy triste. El ser humano debe ser reconocido y valorado como agente transformador. Solo las personas pueden llevar a cabo esta transformación, si son respetadas, reconocidas y formadas en una educación ambiental», opina la señora Juraci.  

Amazonia entre sequías y devastantes inundaciones

Mientras Rio Grande do Sul intenta recuperarse de las inundaciones, la Amazonía vive ciclos de extremos. Los informes del Cemaden muestran que, desde hace años, la región se enfrenta a sequías prolongadas que afectan a la navegación, la pesca y la vida de las comunidades ribereñas, al tiempo que sufre inundaciones históricas. La sequía de 2023, por ejemplo, fue la peor en más de un siglo, dejando al descubierto el lecho de ríos como el Negro, aislando comunidades y generando escasez de agua y alimentos. Por otro lado, el río Amazonas ha alcanzado niveles récord de crecida, inundando ciudades y bosques, destruyendo plantaciones y viviendas.

Para Cleidiane Vieira, miembro de la coordinación del MAB en Pará, es muy significativo que la Conferencia se celebre en la región.

«Por primera vez, una COP se celebrará en la Panamazónica y en Sudamérica, una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo, y todos los ojos estarán puestos allí. Por lo tanto, que el mundo también escuche lo que los ríos tienen que decir. Como amazónica, debo señalar que somos los pueblos que más sufren la crisis climática. El año pasado, la Amazonía sufrió una sequía histórica que afectó a nuestra alimentación, nuestro transporte y nuestra calidad de vida. Cuando los ríos se secan, la gente pierde su medio de subsistencia, sus vías de comunicación; pierde lo que comer, su cultura y su historia», advierte.

El Nordeste sufre el avance de la apropiación ilegal de tierras y el impacto de grandes proyectos de infraestructura, como la instalación de empresas creadas para producir energía denominada limpia que, a menudo, no respetan el modo de vida de las comunidades tradicionales.

Cinco décadas después de la construcción de la central hidroeléctrica de Sobradinho, que desalojó a 72 000 personas en el Sertão de Bahía, las comunidades de Remanso, Casa Nova, Sento Sé y Pilão Arcado siguen lidiando con las secuelas del desalojo forzoso y ahora se enfrentan a nuevos proyectos, como parques eólicos y minas. Neto Costa, afectado y residente de Sobradinho (Bahía), sigue llevando hasta hoy las marcas de la construcción de la presa que desalojó a su familia en Sento Sé. «La experiencia de los afectados lleva consigo para el resto de la vida una marca amarga, que permanece en la mente de las personas para siempre. Nunca imaginamos que dejaríamos las riberas del río y nos abandonarían a nuestra suerte», recuerda.

Hoy, relata que la comunidad se enfrenta a nuevos impactos con la llegada de los parques eólicos y el Parque Nacional Boqueirão da Onça, que amenazan la cría de cabras y ovejas, base de la economía local. Además, faltan carreteras, agua y políticas públicas. «No perdemos la esperanza de que lleguen días mejores, pero seguimos sufriendo intensamente estos impactos y la falta de acción de los gobiernos», afirma.

Además, algunas regiones, como el oeste de Bahía, sufren disputas por el agua, relacionadas principalmente con el uso intensivo de los recursos hídricos por parte de la agroindustria, especialmente en la región del Cerrado, donde los grandes cultivos de soja, maíz y algodón consumen grandes volúmenes de agua para el riego. Esta explotación ha provocado el descenso de los acuíferos, la disminución del caudal de los ríos y conflictos con las comunidades tradicionales, ribereñas y pequeños agricultores en municipios como Correntina y Riachão.  

El contraste de la COP 30: compromiso global y retroceso interno

A pesar de este complejo panorama, los dirigentes del MAB creen que la COP 30 en Belém es una oportunidad para que Brasil demuestre que está dispuesto a afrontar esta crisis, escuchar las voces de los afectados y presentar soluciones que antepongan la vida y el medio ambiente a los beneficios económicos.

Francisco Kelvim explica que el MAB está preparando una serie de intervenciones en la ciudad de Belém durante la COP, principalmente el IV Encuentro Internacional de Comunidades Afectadas por Presas y Crisis Climática, que tendrá lugar en la región a principios de noviembre. «Los afectados de todo el mundo se reunirán en Belém para presentar una respuesta colectiva a la crisis que vivimos. El MAB también se unirá a la Cumbre de los Pueblos en esa ocasión. Por lo tanto, será un momento de denuncia y de anuncio, un espacio de movilización popular», afirma.