NOTA | Garantizar los derechos y cumplir con las responsabilidades para iniciar el Anexo 1.1Nota | Assegurar direitos e cumprir responsabilidades para iniciar o Anexo 1.1

Seis años después del delito y cuatro años después del Acuerdo Judicial, las personas afectadas por el delito de Vale finalmente ven el inicio de la construcción de proyectos comunitarios. La existencia, el formato y el inicio del Anexo 1.1 son el resultado de la lucha de las personas afectadas, a pesar de la falta de participación popular en el Acuerdo Judicial.

Sin embargo, el Anexo 1.1 solo dará resultados concretos si cuenta con la participación de la población afectada, en cooperación con las instituciones judiciales (IJ) y el juez responsable. Cada parte debe cumplir con sus funciones, de manera conjunta, para alcanzar el resultado.

Por lo tanto, el inicio del proceso debe llevarse a cabo sin que queden pendientes varias decisiones importantes, como la distribución de recursos y qué comunidades podrán beneficiarse de los proyectos. Estas incertidumbres retrasan el desarrollo y generan conflictos y preocupaciones que podrían evitarse.

El Anexo 1.1 debe ser amplio y popular. Es deber de las IJ garantizar la inclusión de las comunidades y colectividades afectadas que aún no han accedido a las medidas de reparación. ¡Los criterios técnicos deben garantizar que TODAS LAS COMUNIDADES QUE HAN SUFRIDO DAÑOS SEAN INCLUIDAS! Es necesario evitar retrocesos. Varias comunidades, incluso fuera de los criterios del Programa de Transferencia de Ingresos (PTR), participaron en el proceso de elaboración de la Propuesta Definitiva.

En cuanto a la distribución de los recursos, es necesario definir criterios técnicos que tengan en cuenta los daños y las características de las comunidades y la población afectadas. Esta decisión debe ser tomada por las instituciones judiciales para evitar distorsiones, injusticias y conflictos. Además, las personas afectadas ya han decidido esta necesidad en asamblea.

También es urgente que las instituciones judiciales y la justicia actúen para obligar a Vale a resolver la reparación socioambiental y la ayuda de emergencia. El Anexo 1.1 será muy limitado si las comunidades siguen teniendo el agua, el suelo y el aire contaminados, lo que impedirá la realización de los proyectos. También se verá perjudicado por el actual nivel de empobrecimiento, resultado de la reducción y el futuro cierre del PTR, sin nuevas ayudas de emergencia, tal y como exige la ley.

Para que las personas afectadas puedan participar, es esencial garantizar condiciones adecuadas. Muchas personas dejan sus trabajos y rutinas para construir la reparación. También es necesario que las Asesorías Técnicas Independientes (ATI) actúen con calidad.

Por último, los afectados deben disponer de información y decidir sobre la prioridad del uso de los 700 millones de reales destinados a estructuras de apoyo. Es importante que las IJ den prioridad al pago de las ATI (derecho previsto legalmente) y devuelvan al Anexo 1.1 los recursos prestados. Para garantizar la reparación, es esencial definir una forma de inversión adecuada e inmediata de todos los recursos del Anexo 1.1 (3000 millones de reales), evitando pérdidas.

¡Las personas afectadas seguirán atentas y activas para llevar a cabo los proyectos comunitarios! ¡Agua para la vida!